JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-270/2006.

ACTORA: COALICIÓN “POR EL BIEN DE TODOS”.

AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIO: ELÍAS CASTAÑEDA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal, trece de septiembre de dos mil seis.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-270/2006, promovido por la coalición “Por el Bien de Todos”, por conducto de su representante suplente ante el Consejo Distrital XXVII del Instituto Electoral del Distrito Federal, en contra de la resolución de uno de agosto de dos mil seis, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en los expedientes acumulados TEDF-JEL-188/2006 y TEDF-JEL-189/2006, integrados con motivo de los juicios electorales interpuestos, respectivamente, por el Partido Acción Nacional y la coalición ahora actora; y,

R E S U L T A N D O :

I. El dos de julio de dos mil seis, en el Distrito Federal, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir, entre otros, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa, correspondientes al XXVII Distrito Electoral Local.

II. En la misma fecha, el XXVII Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral del Distrito Federal, inició el cómputo correspondiente, mismo que concluyó el tres del mes y año en cita, con estos resultados:

El cinco del mismo mes de julio, el propio Consejo Distrital declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional.

III. En desacuerdo con el cómputo anterior, en específico por presuntas irregularidades en el cómputo de actas de escrutinio y cómputo, respecto a diversas casillas, el siete de julio del año en curso, el Partido Acción Nacional promovió, por conducto de su representante, juicio electoral ante el XXVII Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Asimismo, inconforme con los resultados del cómputo distrital referido, así como con la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría correspondientes, la coalición “Por el Bien de Todos”, a través de su representante, promovió en la misma fecha, juicio electoral ante el XXVII consejo distrital mencionado.

Los juicios electorales respectivos fueron identificados con las claves JEL-188/2006 y JEL-189/2006.

IV. Previa acumulación, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, resolvió dichos juicios el uno de agosto del año en curso, mediante la sentencia cuyas partes considerativa y resolutiva, en lo conducente, son del tenor siguiente:

“Cuarto. En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 300 y 301 del Código Electoral del Distrito Federal, procede a identificar los agravios que hacen valer los partidos políticos inconformes, supliendo en su caso la deficiencia en su argumentación, así como en la expresión de los preceptos legales supuestamente violados, para lo cual se analizan integralmente los escritos de impugnación, a fin de desprender el perjuicio que, en concepto de los promoventes, les ocasionan los actos reclamados, con independencia de que los motivos de inconformidad puedan encontrarse en un apartado o capítulo distinto de aquél que dispusieron para tal efecto los interesados.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia aprobada por el Pleno de este Órgano Colegiado el diez de diciembre de dos mil dos, publicada bajo la clave TEDF2ELJ 015/2002, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”. (Se transcribe).

Ahora bien, dado que se está obligado a estudiar exhaustivamente los argumentos de los promoventes, tomando en consideración los preceptos legales que debieron ser invocados y procurando atender a las manifestaciones que con mayor efectividad permitan restituir a los inconformes en el ejercicio de los derechos que dicen les fueron transgredidos, las irregularidades aducidas por los accionantes en su escrito inicial, habrán de ser encuadradas en alguna de las causales de nulidad específica previstas en los incisos a) al h), del numeral 218, del Código de la materia, para lo cual se tomarán en cuenta los elementos propios de éstas y sólo en caso de que dichas irregularidades no tengan cabida de manera clara en las hipótesis aludidas, serán examinadas al tenor de lo dispuesto por la causal genérica de nulidad de votación prevista en el inciso i) del mismo precepto.

A lo anterior, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:

“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA”. (Se transcribe).

Ahora bien, del análisis del escrito de demanda presentado por el Partido Acción Nacional que dio lugar al expediente TEDF-JEL-188/2006, se advierte que el accionante afirma que durante la jornada electoral que tuvo verificativo el dos de julio del presente año, para la elección de Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa en el XXVII Distrito Electoral local, se suscitaron irregularidades en veintinueve casillas, causándole los agravios que enseguida se precisan.

A. Que en un total de trece casillas, la recepción de la votación se realizó por personas distintas a las facultadas por el Código de la materia, lo que colma la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 218, inciso c), del ordenamiento legal invocado; y,

B. Que en dieciséis casillas medió error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos, mismo que es irreparable y determinante para el resultado de la votación, lo que actualiza la causal de nulidad contenida en el artículo 218, inciso d), del Código citado.

Cabe apuntar que si bien en esas dieciséis casillas, el partido actor aduce también la existencia de irregularidades graves no reparables durante la jornada electoral o en el cómputo distrital, que en forma evidente afectaron las garantías del sufragio, lo que en su concepto colma la causal de nulidad establecida en el artículo 218, inciso i), del Código Electoral local, la pretensión del actor será examinada al tenor de lo dispuesto por el inciso d), del precepto legal en cita, habida cuenta que los hechos narrados consistentes en la existencia o ausencia de una cantidad inexplicable de boletas sobrantes, falta de votos o aparición inexplicable y posterior conteo de sufragios, encuadran en esa causal específica y no en la genérica, ello en congruencia con el contenido de la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA”, que ha quedado trascrita al inicio de este considerando.

Como consecuencia de las anteriores irregularidades descritas y que presuntamente tuvieron lugar en las casillas instaladas en el ámbito geográfico de la elección impugnada, sostiene el actor que debe modificarse el cómputo distrital, lo que le permitiría incrementar su ventaja respecto de la coalición ubicada en segundo lugar.

Por otra parte, del examen del escrito inicial presentado por la coalición “Por el Bien de Todos”, que motivó la integración del expediente TEDF-JEL-189/2006 acumulado, se advierte que el impetrante afirma que durante la jornada electoral que tuvo verificativo el dos de julio del presente año, para la elección de diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa en el XXVII Distrito Electoral local, se suscitaron irregularidades en diecisiete casillas, causándole los agravios que enseguida se precisan.

C. Que en un total de diez casillas, la recepción de la votación se realizó por personas distintas a las facultadas por el Código de la materia, lo que colma la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 218, inciso c), del ordenamiento legal invocado;

D. Que en cuatro casillas medió error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos, mismo que es irreparable y determinante para el resultado de la votación, lo que actualiza la causal de nulidad contenida en el artículo 218, inciso d), del Código citado;

E. Que en cuatro casillas se permitió sufragar a personas que no tenían derecho a hacerlo, mismo que es determinante para el resultado de la votación, lo que actualiza la causal de nulidad contenida en el artículo 218, inciso e), del código citado;

F. Que en una casilla se ejerció presión sobre los electores al momento de sufragar, lo que es determinante en el resultado de la votación, actualizándose la causal de nulidad contenida en el artículo 218, inciso g), del citado código; y,

G. Que en dos casillas existieron irregularidades graves durante la jornada electoral que afectaron las garantías del sufragio, actualizándose la causal de nulidad contenida en el artículo 218, inciso i), del código de la materia.

H. Que al realizar el cómputo distrital de la elección de diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa del Distrito XXVII local, se incurrió en un error aritmético, derivado que según afirma el accionante, el acta de escrutinio y cómputo de la casilla 560 contigua dos, indica que el Partido Acción Nacional tiene en realidad un voto menos, en tanto que la coalición “Por el Bien de Todos” tiene dos votos más de los contabilizados.

Cabe precisar, que si bien en la casilla 549 contigua 1, el partido actor aduce también la existencia de irregularidades graves no reparables durante la jornada electoral o en el cómputo distrital, que en forma evidente afectaron las garantías del sufragio, lo que en su concepto, colma la causal de nulidad establecida en el artículo 218, inciso i), del Código Electoral local, la pretensión del actor será examinada al tenor de lo dispuesto por el inciso g), del precepto legal en cita, habida cuenta que los hechos narrados consistentes en que la casilla en comento, se instaló en el domicilio habitado por dos personas que acudieron en representación del Partido Acción Nacional, y que éstos, aprovechando el dominio que tenían sobre el inmueble, a lo largo de toda la jornada electoral, indujeron al voto a los electores a favor de su partido, encuadran en esa causal específica y no en la genérica, ello en congruencia con el contenido de la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.”, que ha quedado trascrita al inicio de este considerando.

Como consecuencia de las anteriores irregularidades descritas y que presuntamente tuvieron lugar en las casillas instaladas en el ámbito geográfico de la elección impugnada y en el cómputo distrital, sostiene el actor que debe declararse la nulidad de las casillas requeridas, reajustar el cómputo de la elección de diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa del Distrito XXVII local; revocar la constancia de mayoría otorgada a favor de la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional y ordenar se expida nueva constancia de mayoría a favor de la fórmula de los candidatos de la coalición “Por el Bien de Todos”.

En consecuencia, la litis en el presente asunto se circunscribe a determinar, si existen las violaciones legales aducidas por los actores, y por tanto, si es procedente declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas que precisan los accionantes, así como rectificar el cómputo distrital, y como consecuencia de lo anterior, si debe revocarse la constancia de mayoría otorgada a favor de la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional y expedirse a la propuesta, por la coalición “Por el Bien de Todos”, o si por el contrario, deben confirmarse los actos impugnados por encontrarse ajustados a derecho.

Sentado lo anterior, a fin de realizar el estudio correspondiente, a continuación se insertan sendos cuadros analíticos en los que se precisan las casillas impugnadas, así como la causal o causales de nulidad hechas valer por cada uno de los impetrantes y enseguida, se expone un cuadro general que concentra los datos de los cuadros precedentes.

Causales de nulidad hechas valer por el Partido Acción Nacional, que originó el expediente TEDF-JEL-188/2006.

Total de casillas impugnadas: 29.

Por la causal del 218, inciso C): 13.

Por la causal del 218, inciso D): 16.

Causales de nulidad hechas valer por la coalición “Por el Bien de Todos”, que originó el expediente TEDF-JEL-189/2006.

Total de casillas y causales de nulidad hechas valer por los accionantes.

Cabe precisar que por cuestión de método, los agravios esgrimidos por los partidos actores y que han quedado sintetizados, habrán de ser examinados tomando en cuenta el orden de las causales de nulidad que se hacen valer, en términos de los considerandos subsecuentes, en los que habrán de detallarse las pruebas atinentes y su valor probatorio.

Quinto. En los agravios identificados con los incisos A y C, respectivamente, hechos valer por el Partidos Acción Nacional y la coalición “Por el Bien de Todos”, afirman que se actualiza la causal de nulidad contenida en el artículo 218, inciso c), del Código Electoral del Distrito Federal, en veintitrés casillas del Distrito Electoral XXVII, a saber: 353 contigua uno, 353 contigua dos, 354 contigua uno, 371 contigua uno, 372 contigua uno, 373 contigua uno, 397 contigua uno, 399 contigua uno, 527 básica, 527 contigua uno, 535 básica, 537 básica, 537 contigua uno, 539 contigua uno, 543 básica, 545 contigua uno, 546 contigua uno, 549 contigua uno, 555 básica, 557 básica, 707 contigua dos, 715 contigua uno y 720 contigua uno; en virtud de que aducen los impugnantes que la recepción de la votación se efectuó por personas distintas a las facultadas por el Código Electoral local.

Por su parte, la autoridad responsable, en su informe circunstanciado, manifiesta que la votación recibida en las casillas impugnadas por dicha causal, no puede ser anulada, toda vez que en ningún momento se afectaron las garantías del sufragio tuteladas en el artículo 4, párrafo segundo, del Código Electoral local, ya que en todo momento se garantizó el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Asimismo, señala que la consejera presidenta de dicho Consejo Distrital, en sesiones celebradas el veintiséis de mayo, primero y treinta de junio, e inclusive, la correspondiente al dos de julio, todas de dos mil seis, informó la sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla, y para mayor claridad adjunta una tabla en la que se explica la integración de las mismas referentes a la causal de nulidad que nos ocupa y que se instalaron el día de la jornada electoral, que son las siguientes:

Por lo que se refiere a los terceros interesados, manifestaron en lo esencial lo siguiente:

La representante de la coalición “Por el Bien de Todos”, estimó que son infundados los agravios expresados por el Partido Acción Nacional en el expediente TEDF-JEL-188/2006, dado que el promovente los sustenta en aseveraciones de carácter general y en apreciaciones subjetivas, sin estar respaldados con argumentos jurídicos ni con pruebas documentales que acrediten su veracidad.

Por su parte, el representante del Partido Acción Nacional manifestó que lo aseverado por la coalición “Por el Bien de Todos” en el expediente TEDF-JEL-189/2006, con relación a las personas que recibieron la votación en esas casillas y que integraron la mesa directiva, satisfacen los requisitos legales, tal como lo señala el artículo 187, del Código Electoral del Distrito Federal.

Expuestos brevemente los argumentos que hacen valer las partes, se procede a determinar, si en las casillas impugnadas se actualiza la causal de nulidad invocada.

Para tal efecto, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se encuadra la causal de nulidad de mérito.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, párrafo primero, del código de la materia, las mesas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación, que constituyen la autoridad electoral y que se integran por un presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes generales.

Por su parte, el artículo 168, de dicho ordenamiento legal, dispone el procedimiento para su integración, el cual comprende insaculación y un curso de capacitación, encaminados a designar y preparar a los ciudadanos que ocuparán los cargos citados.

Por último, el artículo 187 del mismo código, establece el procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para la sustitución de dichos funcionarios, en el supuesto de que éstos no se presenten a desempeñar los cargos respectivos, disponiendo a la letra:

“Artículo 187. El primer domingo de julio del año de la elección ordinaria a las ocho horas, los ciudadanos presidente, secretario y escrutador de las mesas directivas de casilla nombrados como propietarios procederán a la instalación de la casilla en el lugar previamente señalado por el Consejo Distrital, y en presencia de los representantes de partidos políticos y coaliciones que concurran. En ningún caso se podrán instalar las casillas antes de las ocho horas.

De no instalarse la casilla a las ocho horas con quince minutos, conforme al párrafo anterior, y si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla.

Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación. Cuando no sea posible la intervención oportuna del personal designado por el del Consejo Distrital, a las diez horas, encontrándose presentes más de dos representantes de los partidos políticos y coaliciones ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar la mesa directiva de casilla de entre los electores presentes.

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, se requerirá la presencia de un notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, en su defecto bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva de casilla.

Integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura. Los miembros de la mesa directiva de casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada”.

El precepto señalado protege los principios rectores de la función electoral de certeza y legalidad, mismos que se vulneran cuando la recepción de la votación se lleva a cabo por personas que carezcan de facultades legales para tal efecto.

Ahora bien, el inciso c), del artículo 218, del Código de la materia, prevé que:

“Artículo 218. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten circunstancias que afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, o por violación directa a las características con que debe emitirse el sufragio, como son las siguientes:

…

c) La recepción de la votación por personas distintas a los facultados por este Código;

…”.

De acuerdo con lo anterior, la causal de nulidad en comento se actualizará cuando se compruebe que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas conforme al código, entendiéndose como tales a las que fungiendo como funcionarios de casilla, no fueron nombradas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley y, por tanto, no fueron insaculadas, capacitadas y designadas por su idoneidad para actuar el día de la jornada electoral en las casillas; así como aquéllas que, en su caso, sustituyan a dichos funcionarios autorizados cuando éstos no acudan a desempeñar el cargo sin seguir el procedimiento previsto para tal efecto, y que con ello se afecten las garantías para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, o se violen directamente las características con que debe emitirse el mismo.

Ahora bien, en términos de lo manifestado por las partes, se considera que la causal invocada debe analizarse partiendo de la coincidencia plena que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas, según el acuerdo aprobado por el XXVII Consejo Distrital en sesión de nueve de mayo de dos mil seis, respecto de las personas que actuaron durante la jornada electoral como funcionarios de mesas directivas de casilla, según las correspondientes actas de la jornada electoral.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, se toman en consideración las constancias siguientes:

a) Lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, comúnmente llamada encarte, de dos mil seis, misma que obra a fojas de la ciento veintidós a las ciento noventa y uno de autos; documental que si bien tiene el carácter de privada adquiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 263, fracción II, 266 y 272, párrafo segundo, del Código Electoral del Distrito Federal, una vez adminiculadas con las afirmaciones de las partes y las demás constancias, amén de que no se encuentran controvertidas en su autenticidad o veracidad.

b) Copia certificada del acuerdo del XXVII Consejo Distrital de nueve de mayo del año en curso, por el que se designó a los ciudadanos que debían integrar las mesas directivas de casilla, y se aprobó la lista de reserva para cubrir las bajas de los referidos ciudadanos; mismo que obra en autos a fojas de la cuatrocientos cincuenta y dos a la quinientos once de autos;

c) Copia certificada de las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como de incidentes, de las casillas cuya votación se impugna por la causal en comento, mismas que obran en autos de la foja ciento setenta y cinco a la doscientos cuarenta y seis, y de la foja seiscientos cinco a seiscientos cincuenta y tres;

d) Copia certificada de diversos nombramientos de integrantes de las mesas de casilla, expedidos por el XXVII Consejo Distrital, mismos que obran a fojas de la trescientos setenta y nueve a la cuatrocientos veinte y de la quinientos cuarenta y seis a la seiscientos cuatro de autos; y,

e) Original de las listas nominales de electores, que obran a fojas quinientos veintiocho a la novecientos nueve del expediente TEDF-JEL-188/2006 y seiscientos cincuenta y cuatro a novecientos treinta y siete del expediente TEDF-JEL-189/2006.

Por lo que se refiere a las constancias identificadas con los incisos b), c), d) y e), al ser documentales públicas, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 263, fracción I, 265, fracciones I y II, y 272, párrafo segundo, del Código Electoral local.

Para el estudio de las casillas impugnadas por la causal de nulidad en comento, se estima adecuado realizar su análisis conforme al cuadro esquemático que enseguida se expone, en cuya primera columna se identifica la casilla de que se trata; en la segunda, constan los nombres de los funcionarios autorizados en el acuerdo del XXVII Consejo Distrital de nueve de mayo del año en curso; en la tercera, los nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus cargos, según el encarte; en la cuarta, los nombres de los funcionarios que recibieron la votación y los cargos que ocuparon, conforme a lo asentado en las correspondientes actas de la jornada electoral; y, en su caso, de escrutinio y cómputo; y por último, las observaciones con relación a dichas sustituciones.

Con base en los datos anteriores, se procede a agrupar aquellas casillas que guardan similitud a efecto de estudiarlas en conjunto, evitando con ello, incurrir en repeticiones innecesarias.

1. En cuanto hace a la casilla, a saber, 353 contigua uno, se observa que los nombres de las personas que actuaron como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, de acuerdo con el contenido del acta de la jornada electoral, la designación de funcionarios hecha por el Consejo Distrital XXVII y el encarte publicado, coinciden plenamente, por lo que no se advierte irregularidad alguna relacionada con las personas que recibieron la votación correspondiente.

En consecuencia, y toda vez que no se acreditó circunstancia alguna que afecte las garantías del procedimiento electoral, así como tampoco las características con que debe emitirse el sufragio, se considera que el agravio hecho valer por el accionante es infundado, respecto de la casilla en comento.

2. Por lo que se refiere a las siete casillas siguientes: 527 básica, 527 contigua uno, 535 básica, 537 básica, 549 contigua uno, 557 básica y 707 contigua dos, se tiene lo siguiente:

Del cuadro que antecede, se advierte que en estas casillas los ciudadanos que actuaron cuentan con sus respectivos nombramientos de funcionarios de casilla para actuar el día de la jornada electoral, los cuales les fueron otorgados por el XXVII Consejo Distrital, si bien, se expidieron con fecha posterior al acuerdo de nueve de mayo del año en curso, esto se originó porque las personas nombradas en un primer momento declinaron su designación, lo que ocasionó que los nombres que aparecen en el encarte no coincidan con los que fungieron como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral; lo anterior se desprende como se dijo, de los nombramientos expedidos por el citado consejo, mismos que obran en autos a fojas de la quinientos cuarenta y seis a la seiscientos cuatro, de ahí que no puede estimarse que la recepción de la votación haya estado a cargo de personas que carecían de facultades para hacerlo.

Es importante destacar que en todas las casillas mencionadas tuvo verificativo el procedimiento a que se refiere el artículo 187 del Código de la materia, pues las personas que fungieron como funcionarios de casilla fueron las que se encontraban en la lista de suplentes generales o en la lista de reserva del Consejo Distrital.

En tal virtud, aun cuando se advierte una irregularidad en el procedimiento de sustitución al no coincidir las personas que fueron nombradas por el Consejo Distrital con las que aparecen en el encarte, la misma se considera menor, pues en la especie no se afectaron las garantías del procedimiento electoral, amén de que las personas que integraron las mesas directivas de casillas, fueron designados como funcionarios propietarios después del acuerdo de nueve de mayo del año en curso, y días previos a la jornada electoral.

Al respecto, se advierte que el hecho de que la coalición “Por el Bien de Todos”, señale que las casillas 527 contigua uno, 535 básica y 707 contigua dos, se instalaron a las ocho horas, siendo que en su concepto, a esa hora no se encontraban presentes los funcionarios designados para ocupar la mesa directiva de casilla, por lo que no se respetó el plazo de tolerancia para que las personas previamente designadas se presentaran a cumplir con sus funciones.

Al respecto, se estima que no era necesario esperar el plazo de tolerancia que tienen los integrantes de las mesas directivas de casilla, para su instalación, pues como quedó acreditado las personas que fungieron como funcionarios de casilla, fueron designados con antelación por acuerdo del Consejo Distrital XXVII.

Por todo lo anterior, no se actualiza de la causal de nulidad invocada y, consecuentemente, resulta infundado el agravio en análisis por lo que hace a las casillas en comento.

3. Respecto a las siete casillas siguientes: 353 contigua dos, 354 contigua uno, 397 contigua uno, 543 básica, 545 contigua uno, 546 contigua uno y 715 contigua uno; del cuadro comparativo se desprende que los ciudadanos que ocuparon los lugares de los funcionarios ausentes, fueron los suplentes generales, designados por acuerdo del XXVII Consejo Distrital de nueve de mayo del año en curso; el cual obra en autos a fojas de cuatrocientos cincuenta y dos a quinientos once.

Cabe precisar, que de conformidad con el acuerdo de nueve de mayo del año en curso, emitido por el Consejo Distrital XXVII, las ciudadanas Annel Hernández Mata y María Guadalupe Cuesta Villa, que actuaron como funcionarias en las casillas números 354 contigua uno y 545 contigua uno, respectivamente, se encontraban en la lista de reserva y en fecha posterior a dicho acuerdo fueron nombradas suplentes generales.

De igual modo, se observa que respecto de los ciudadanos Jhonatan Retana Belmont y Carlos Alfredo Ruiz Torres, aparecen nombrados como suplentes generales en las casillas 353 básica y 715 básica, respectivamente, y si bien actuaron como funcionarios en las casillas 353 contigua dos y 715 contigua uno, respectivamente; en modo alguno se actualiza la causal de nulidad que nos ocupa, toda vez que los ciudadanos citados, pertenecían a la sección en la que fungieron como funcionarios de casilla, además cumplieron con el procedimiento de selección, es decir, de insaculación y capacitación por la autoridad electoral correspondiente, con lo cual se garantiza el cumplimiento de los principios de certeza y legalidad durante el desarrollo de la jornada electoral.

Consecuentemente, las casillas mencionadas se integraron con ciudadanos que fueron debidamente insaculados y capacitados por la autoridad responsable.

No pasa inadvertido para este Tribunal, el hecho de que la coalición “Por el Bien de Todos”, señale que la casilla 543 básica, no se apegó a lo que establece el artículo 187 del Código Electoral local, habida cuenta que la persona inicialmente designada como secretaria de mesa de casilla por el Consejo Distrital, fue sustituida indebidamente, pues no se modificó el orden de sustitución para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes en el orden previsto por el código, esto es, con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes; asimismo, que la casilla en comento, se instaló a las ocho horas, siendo que en su concepto, a esa hora no se encontraban presentes los funcionarios designados para ocupar la mesa directiva de casilla, por lo que no se respetó el plazo de tolerancia para que las personas previamente designadas se presentaran a cumplir con sus funciones.

Sobre el particular, se estima que no le asiste la razón al impugnante, toda vez que si bien es cierto, ante la ausencia del secretario de casilla, no se modificó el orden de sustitución de funcionarios tal como lo establece el artículo 187 del Código de la materia, ello por sí sólo no actualiza la causal de nulidad, toda vez que el funcionario en comento cumplió con el procedimiento de selección, esto es, de insaculación y capacitación por la autoridad electoral correspondiente, habiendo sido designado suplente general y no para un cargo en específico, con lo cual se garantiza el cumplimiento de los principios de certeza y legalidad durante el desarrollo de la jornada electoral.

De igual modo, el hecho que la casilla se haya instalado antes de las ocho horas cuando aún no se encontraba el secretario, no configura una irregularidad trascendente, pues como quedó asentado, dicho funcionario fue sustituido por otro ciudadano también insaculado y capacitado, designado por el Consejo Distrital como suplente general, siendo que en el caso en concreto, lo que debe privilegiarse como valor principal es el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las condiciones necesarias para que se reciba y compute, de suerte tal que la suma de los votos emitidos legalmente para cada partido o candidato, sea la que determine el resultado electoral.

En efecto, el artículo 187 del Código Electoral local, al que ya se hizo referencia, establece que de no instalarse la casilla a las ocho horas con quince minutos por inasistencia de los funcionarios seleccionados por el Consejo Distrital, si está presente el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los ausentes con los presentes, y habilitando a los suplentes para que ocupen los cargos faltantes; y si fuere necesario, se procederá a habilitar electores de la casilla respectiva que se encuentren formados para emitir su voto.

Así, si faltara alguno de los designados propietarios (presidente, secretario o escrutador), otro igualmente capacitado lo puede suplir en sus funciones, como serían los suplentes generales.

Además, cualquiera de los seis funcionarios designados por el Consejo Distrital para integrar la mesa receptora del voto, puede válidamente ocupar diferente cargo al previamente designado, según las circunstancias particulares y los hechos que se generen en ese día. Lo anterior, en razón de que cada uno de los funcionarios designados fueron debidamente capacitados para desempeñar la función de miembro de la mesa directiva de casilla.

En todo caso, hechas las sustituciones y habilitaciones, la mesa directiva de casilla iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura. Es necesario destacar que los nombres de quienes integren la mesa directiva de casilla quedan debidamente asentados en el acta de la jornada electoral.

También, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no se siga puntualmente el procedimiento de la sustitución de funcionarios previsto en el artículo 187 del código invocado, aun siendo una irregularidad, por sí sola no es motivo suficiente para actualizar la causal que nos ocupa, pues atendiendo a los principios del voto y a los rectores de la materia, así como a los valores protegidos por ellos, debe concluirse que integrada la casilla con funcionarios designados y capacitados por el Consejo Distrital, es de menor importancia que se sigan estrictamente los pasos para las sustituciones y habilitaciones, o que se haga momentos antes de la hora legal para ello; por lo cual constituyendo una trasgresión a una formalidad secundaria, no provoca la existencia y validez del acto, ya que es insuficiente para acreditar plenamente que la votación se recibió por personas u órganos distintos a los legalmente facultados para ello.

En consecuencia, se conserva la votación en las casillas impugnadas, porque en los casos concretos sometidos a estudio hay coincidencia entre los funcionarios que actuaron el día de la jornada electoral y, por tanto, la votación se recibió por el órgano y personas legalmente facultadas, cuando los tres nombres del acta de la jornada electoral de la casilla impugnada se encuentran previstos en el documento oficial de designación por parte del Consejo Distrital respectivo; independientemente del puesto que desempeñaron el día de la jornada electoral en que se realizaron las sustituciones.

A mayor abundamiento, del contenido del acta de la jornada electoral, se desprende que durante la instalación de la casilla, los representantes de los partidos políticos estuvieron presentes, incluido el de la coalición actora, quienes suscribieron el acta referida sin expresar protesta alguna, además de que en dicha acta no se precisa que haya habido algún incidente durante la instalación de la casilla en estudio.

Sirve de criterio orientador la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, que establece:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTES GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL. CUÁNDO NO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD (Legislación del Estado de Veracruz-Llave y similares)”. (Se transcribe).

Por todo lo anterior, se concluye, que el agravio esgrimido por el actor en relación con las casillas en comento es infundado.

4. Enseguida se analizan las cinco casillas identificadas como: 371 contigua uno, 399 contigua uno, 537 contigua uno, 539 contigua uno y 555 básica, de las cuales se advierte que los funcionarios que aparecen en las actas de la jornada electoral, no coinciden con los que se señalan en el encarte, ni con los nombramientos expedidos por la autoridad electoral respectiva; sin embargo, del listado nominal de la sección electoral que corresponde a cada casilla, se desprende que los ciudadanos que sustituyeron a los funcionarios que no asistieron el día de la jornada electoral, fueron tomados de la fila de electores y se encuentran inscritos en el padrón electoral, tal como se observa del citado listado, mismo que obra a fojas quinientos veintiocho a la novecientos nueve; en virtud de lo anterior, se llega a la conclusión de que los ciudadanos que se encuentran en el supuesto en comento, fueron debidamente autorizados en términos de los artículos 94, inciso a), y 187, del código de la materia, para desempeñar la función que desarrollaron el día de la jornada electoral.

En tal virtud, es posible concluir que los ciudadanos fueron autorizados para recibir la votación el mismo día en que ésta tuvo lugar, lo cual se encuentra contemplado como un caso de excepción en los preceptos invocados.

Por consiguiente, dado que en la especie, la actuación de estos ciudadanos en las casillas que nos ocupan, se apega a lo dispuesto en los artículos citados, es claro que ello no puede estimarse como una situación anómala que motive la nulidad de la votación recibida.

Sirven de criterio orientador las siguientes tesis de jurisprudencia y relevante, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA”. (Se transcribe).

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL”. (Se transcribe).

Por otra parte, la coalición “Por el Bien de Todos”, señala que la casilla 555 básica, no se apegó a lo que establece el artículo 187 del Código Electoral local, habida cuenta que la persona inicialmente designada como secretaria de mesa de casilla por el Consejo Distrital, fue sustituida indebidamente, pues no se hizo la sustitución en el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes, con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes por los faltantes; asimismo, que la casilla en comento, se instaló a las nueve horas, siendo que en su concepto, se excedió el plazo de las ocho horas con quince minutos para sustituir a los funcionarios de mesa directiva de casilla, lo que en su concepto afectó el normal transcurso de la votación.

Sobre el particular, se estima que no le asiste la razón al impugnante, toda vez que si bien es cierto, ante la ausencia del secretario de casilla, no se hizo el corrimiento de funcionarios tal como lo establece el artículo 187 del código de la materia, ello por sí sólo no actualiza la causal de nulidad, toda vez que el funcionario que ocupó su lugar cumplió con los requisitos mínimos exigidos para ser funcionario de casilla, como son; ser elector de esa sección y no tratarse de representantes de algún partido político o coalición, con lo cual se garantiza el cumplimiento de los principios de certeza y legalidad durante el desarrollo de la jornada electoral.

De igual modo, el hecho de que la casilla se haya instalado a las nueve horas, se estima un plazo prudente, lo que se justifica toda vez que no se presentó la secretaria designada, lo que ocasionó que los funcionarios de casilla presentes junto con los representantes de partido tomaran en común, el acuerdo atinente a la integración de la mesa, lo que provocó una demora, pero del acta de la jornada electoral se desprende que dicha demora no impactó en la recepción de la votación, pues no se señala incidente alguno; muestra de ello es que la votación recibida fue copiosa, pues votaron trescientos catorce personas, siendo que en el caso en concreto lo que debe privilegiarse como valor principal es el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las condiciones necesarias para que se reciba y compute, de suerte tal que la suma de los votos emitidos legalmente para cada partido o candidato, sea la que determine el resultado electoral.

A mayor abundamiento del contenido del acta de la jornada electoral, se desprende que durante la instalación de la casilla, los representantes de los partidos políticos y coaliciones estuvieron presentes, incluido el de la coalición actora, quienes suscribieron el acta referida sin expresar protesta alguna, además de que en dicha acta no se precisa que haya habido algún incidente durante la instalación de la casilla en estudio.

En razón de lo anterior, por lo que se refiere a las casillas mencionadas, deviene infundado el presente agravio.

5. En este apartado se analizan las dos casillas: 372 contigua uno y 720 contigua uno, en las que tal como se advierte del cuadro esquemático, concurren dos supuestos: uno de los cargos fue ocupado por el suplente general y otro fue ocupado por un ciudadano de la fila de electores y figuran en el listado nominal de su sección electoral.

En este contexto, toda vez que las dos hipótesis mencionadas han sido analizadas de manera individual en los apartados anteriores, se concluye que este órgano jurisdiccional estima que los funcionarios que participaron en el desarrollo de la jornada electoral en las casillas de mérito, reúnen los requisitos que para tal efecto establece el Código Electoral local, pues se hallan autorizados como funcionarios de casilla, por lo que el agravio es infundado.

6. En relación con la casilla identificada con el número 373 contigua uno, se desprende que el ciudadano Carlos Romario Ramos Martínez, quien fungió como escrutador, no fue designado por la autoridad electoral administrativa para actuar con tal carácter, y tampoco aparece su nombre publicado en el encarte.

En tal virtud, se procedió a la revisión detallada de la lista nominal de electores de la sección correspondiente, la que tuvo como resultado que dicha persona no se encuentra inscrita en esa sección.

Por lo que al advertir la irregularidad en comento y a efecto de determinar si la misma es suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en dicha casilla, se estima pertinente hacer un estudio de las funciones que realiza el escrutador, adminiculando los efectos de la sustitución con las demás circunstancias ocurridas durante la jornada electoral en la mesa de votación, que de algún modo y en cualquier grado hayan impactado en una trasgresión a los principios con que debe emitirse el sufragio.

El artículo 93, primer párrafo del código de la materia, dispone que:

“Artículo 93. Las mesas directivas de casilla, son los órganos electorales formados por ciudadanos que constituyen la autoridad electoral que tienen a su cargo de forma inmediata la recepción de la votación, integradas con un presidente, un secretario, un escrutador, y tres suplentes generales.

…”.

Del precepto legal en cita, se advierte que la integración de las mesas directivas de casilla está compuesta por tres funcionarios, a saber: Un presidente, un secretario y un escrutador.

Ahora bien, cada uno de estos funcionarios tiene diversas atribuciones que le confiere la legislación electoral local para el debido desempeño de su cargo; en el caso del escrutador, éstas se encuentran claramente señaladas en el artículo 98, del código de la materia, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 98. Son atribuciones de los escrutadores de las mesas directivas de casilla:

a) Contar antes del inicio de la votación y ante los representantes de partidos políticos o coaliciones que se encuentren presentes, las boletas electorales recibidas;

b) Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores anotados en la lista nominal de electores;

c) Practicar, conjuntamente con el presidente y secretario, ante los representantes de los partidos políticos o coaliciones presentes, el escrutinio y cómputo;

d) Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato;

e) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les encomienden; y,

f) Las demás que les confiera este código”.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, al participar en la casilla en estudio como escrutador una persona que no se encuentra facultada legalmente para asumir las atribuciones a que se refiere el artículo que antecede, es innegable que la casilla de mérito no fue integrada debidamente.

Se llega a la anterior conclusión, independientemente de que no se hayan registrado irregularidades adicionales en esta casilla, pues el que no se haya integrado debidamente la mesa debe estimarse como una anomalía sustancial y no meramente circunstancial, que por tanto, constituye una franca transgresión al deseo manifiesto del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren por determinadas personas, que deberán satisfacer ciertas cualidades, de lo contrario, se pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad rectores de la función electoral.

Al respecto, sirven de criterios orientadores las tesis de jurisprudencia emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación del Estado de Baja California Sur y similares)”. (Se transcribe).

“PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA”. (Se transcribe).

En consecuencia, resulta fundado el agravio en estudio, al acreditarse que se recibió la votación por personas distintas a las facultadas por el código, por lo que se actualiza la causal de nulidad contenida en el artículo 218, inciso c), del ordenamiento legal invocado, y procede declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla 373 contigua uno.

Sexto. Procede el estudio de los agravios identificados con los incisos B y D, respectivamente, hechos valer por el Partido Acción Nacional y la coalición “Por el Bien de todos”; argumentado los promoventes que en las siguientes veinte casillas que se identifican como: 346 básica, 352 contigua uno, 352 contigua tres, 354 contigua tres, 369 básica, 373 básica, 491 básica, 516 básica, 520 básica, 521 contigua uno, 538 básica, 538 contigua uno, 539 básica, 546 básica, 556 contigua uno, 712 básica, 712 contigua uno, 712 contigua dos, 713 contigua uno y 721 básica, se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 218, inciso d), del Código Electoral del Distrito Federal, dado que en el escrutinio y cómputo de los votos, supuestamente medió error o dolo que resulta irreparable y determinante para el resultado de la votación.

Al respecto, se impone señalar que, en principio, no será objeto de estudio la casilla 352 contigua 3, contenida en el cuadro inserto en el considerando cuarto de este fallo, habida cuenta que no existe dicho centro de votación, tal como se desprende del encarte de ubicación de casillas publicado por el Instituto Electoral del Distrito Federal, en fecha dos de julio de dos mil seis, visible a fojas ciento veintidós a ciento noventa y uno de autos, del acuerdo de nueve de mayo del año en curso, mediante el cual el XXVII Consejo Distrital del instituto citado, designó como funcionarios a los ciudadanos que integrarían las mesas directivas de casilla que obra a fojas cuatrocientos cincuenta y dos a la quinientos once, así como del oficio número CDXXVII/1029/06 de veinte de julio de dos mil seis, mediante el cual la autoridad señalada como responsable desahoga el requerimiento ordenado en acuerdo de dieciocho del mismo mes y año, e informa tal circunstancia.

Sentado lo anterior, conviene señalar que el artículo 218, inciso d), del código de la materia, dispone lo siguiente:

“Artículo 218. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten circunstancias que afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, o por violación directa a las características con que debe emitirse el sufragio, como son las siguientes:

...

d) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos que sea irreparable y esto sea determinante para el resultado de la votación.

…”.

Como puede desprenderse del numeral transcrito, para la actualización de la causal en comento, deben acreditarse los siguientes extremos:

a) Que haya mediado dolo o error en la computación de los votos;

b) Que sea irreparable; y.

c) Que sea determinante para el resultado de la votación.

Por cuanto hace al “error”, éste debe entenderse como cualquier idea o expresión no conforme a la verdad o que tiene diferencia con el valor exacto, mismo que jurídicamente implica la ausencia de mala fe; por el contrario, el “dolo” debe ser considerado como una conducta que implica engaño, fraude, simulación o mentira, llevando implícita, por lo tanto, la mala fe.

Sobre este último concepto, también conviene precisar que en ningún caso podrá suponerse, sino que tiene que acreditarse plenamente, pues de no ser así, se presume la buena fe en la actuación de los funcionarios de casilla. Por tanto, de no demostrarse fehacientemente la mala fe con que éstos se condujeron con motivo de las actividades que se les encomendaron el día de la jornada electoral, este Tribunal debe estudiar el motivo del reclamo, partiendo de la base de un posible error.

Sirve de criterio orientador, la tesis de jurisprudencia emitida por la extinta Sala Central del Tribunal Federal Electoral, que a la letra dice:

“ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. ESTUDIO DE LA IMPUGNACIÓN GENÉRICA”. (Se transcribe).

Ahora bien, de acuerdo con la causal de nulidad en comento, el error o el dolo se dan con motivo del escrutinio y cómputo de los votos que llevan a cabo los integrantes de la mesa directiva de casilla, esto es, durante la ejecución de las operaciones que tienen por objeto determinar el número de electores que votó en la casilla; el total de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos, candidatos o coaliciones; el número de votos nulos; así como el total de boletas sobrantes y no utilizadas de cada elección, tal como lo dispone el artículo 199 del código de la materia.

Por otra parte, la “irreparabilidad” del error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos, se presenta cuando no es posible conciliar las inconsistencias que existen entre las cifras que se aprecian en los diversos rubros del acta respectiva, y en las demás constancias que obran en el expediente, máxime cuando habiéndose realizado la apertura de paquetes electorales, subsiste el error y no es posible obtener o inferir el dato omitido o controvertido, ni componer o ajustar las diferencias entre los diversos rubros.

Así se desprende de la tesis de jurisprudencia aprobada el veintidós de marzo de dos mil uno, por el Pleno de este Órgano Colegiado, publicada con la clave TEDF2ELJ 011/2001, que textualmente dice:

“DOLO O ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. IRREPARABILIDAD, SU INTERPRETACIÓN”. (Se transcribe).

El error o dolo puede ser “determinante” para el resultado de la votación, desde una perspectiva cuantitativa o aritmética, cuando se refleje en una cantidad de votos que resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los obtenidos por los contendientes que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación, de tal forma, que si se dedujeran al primer lugar los votos emitidos o contabilizados en forma irregular, éste deje de ocupar dicha posición, en razón de que el ubicado en el segundo, alcance la misma votación o una superior.

Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis de jurisprudencia que enseguida se transcribe:

“ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de Zacatecas y similares)”. (Se transcribe).

Además, la determinancia puede actualizarse atendiendo a un criterio de carácter cualitativo, en aquellos casos en que aun cuando la cantidad de votos irregulares no sea suficiente para alterar el resultado de la votación en la casilla respectiva, se acreditan circunstancias o condiciones que la ponen en duda, lo que vulnera el principio constitucional, estatuario y legal de certeza, que rige la función electoral, verbigracia, cuando se advierte una serie de inconsistencias en el acta de escrutinio y cómputo que implican un desaseo generalizado en la realización de estas operaciones.

Así lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:

“NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO”. (Se transcribe).

Por consiguiente, sólo en el caso de que se colmen los extremos antes señalados, debe declararse la nulidad de la votación recibida en una casilla en términos de la causal en comento, pues estando en presencia de un error evidente en la computación de los votos, que además es irreparable y determinante para el resultado de la votación, es inconcuso que se afectan las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, plasmadas en el párrafo primero, del numeral 218, ya citado.

Esto es así, en razón de que cuando la votación recibida en una casilla está afectada por irregularidades que vulneran las garantías aludidas, creando incertidumbre respecto a la autenticidad y legitimidad de la jornada electoral, amerita ser sancionada con su nulidad, por no haberse desenvuelto conforme al marco jurídico que el código de la materia prevé; empero, tal sanción debe quedar plenamente justificada, en tanto que recae sobre el valor primigenio y fin último de todo el proceso electoral, que es el sufragio.

En tal virtud, la declaración de nulidad debe considerarse como una medida extrema, aplicable sólo en aquellos casos en que además de estar fehacientemente acreditada la causal alegada por el recurrente, este Tribunal, con base en los datos que aparecen en el expediente, estime fundadamente que el acto viciado no debe subsistir.

Sentado lo anterior y a fin de estar en posibilidad de determinar la existencia de las irregularidades aducidas por el apelante, a continuación se presenta un cuadro esquemático que contiene los diversos datos relevantes que después de un minucioso examen, arrojan las siguientes documentales públicas que obran en autos: a) Actas de la jornada electoral de las casillas impugnadas, y b) Actas de escrutinio y cómputo de las casillas en estudio, que obran de la foja cincuenta y tres a la ciento doce del expediente TEDF-JEL-188/2006, y de la seiscientos cinco a la seiscientos cincuenta y tres del expediente TEDF-JEL-189/2006; constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 263, fracción I, 265, fracción II, y 272, párrafo segundo del Código Electoral del Distrito Federal.

De las documentales en mención se extraen las cifras que contienen los siguientes rubros:

1. Total de boletas recibidas para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa, que se asienta en la columna marcada como (A);

2. Total de boletas sobrantes e inutilizadas, que se asienta en la columna marcada como (B);

3. Total de ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, incluidos los representantes de los partidos políticos, y en su caso, los que lo hicieron con resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se anota en la columna marcada como (C);

4. Total de votos encontrados en la urna, que se consigna en la columna identificada como (D);

5. Total de votación emitida (suma de votos asignados a los partidos políticos o coaliciones y votos nulos), que se asienta en la columna marcada como (E);

6. Total de boletas contabilizadas, que resulta de sumar la votación emitida (E) más las boletas sobrantes e inutilizadas (B), y que se asienta en la columna identificada como (B+E);

7. Diferencia entre las boletas recibidas (A) y contabilizadas (B+E), cantidad que se asienta en la columna identificada como [A-(B+E)];

8. Diferencia entre la votación emitida (E) y el número de votos extraídos de la urna (D); cifra que se anota en la columna marcada como (E-D);

9. Diferencia entre votación emitida (E) y votantes (C); resultado que se consigna en la columna identificada como (E-C);

10. Diferencia entre votos extraídos de la urna (D) y votantes de acuerdo con la lista nominal de electores (C), la cual se anota en la columna (D-C);

11. Votos obtenidos por el partido político que ocupó el primer lugar en la casilla que se trate, que se hacen constar en la columna (F);

12. Votos obtenidos por el partido político que ocupó el segundo lugar en la casilla que se trate, que se hacen constar en la columna (G);

13. Diferencia entre los votos obtenidos por el primer lugar (F) y el segundo (G), la cual se anota en la columna marcada como (F-G); y,

14. Finalmente, se inserta una columna auxiliar para indicar el supuesto en el que cada casilla se encuentra, para lo cual se hace uso de una escala que comprende seis rangos marcados con los numerales I al VI, a fin de que se identifiquen aquellas casillas que se encuentran en situaciones similares y a través de sendos apartados señalados con los números de la escala mencionada, se expongan los argumentos tendientes al examen de los agravios, todo ello para facilitar el análisis y evitar repeticiones innecesarias.

El cuadro esquemático resultante es el siguiente:

Del cuadro anterior, se procede al análisis comparativo de los rubros relevantes, a fin de determinar si existen discrepancias entre el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal (C), los votos extraídos de la urna (D) y la votación emitida (E), para hacer las consideraciones pertinentes en cada caso.

De manera indirecta y de estimarse necesario, también se comparará el total de boletas recibidas con las boletas contabilizadas en cada casilla, dentro del cual se consideran las boletas sobrantes que serán tomadas en cuenta como indicadores adicionales y complementarios.

En consecuencia, principalmente se considerará como error en el cómputo, la inconsistencia aritmética entre los siguientes datos:

a) Ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores (columna C);

b) Votos extraídos de la urna (columna D); y,

c) Votación emitida (columna E).

Por tanto, en caso de existir inconsistencias entre las tres columnas anteriores, se considera oportuno tomar en cuenta los datos arrojados en el apartado de boletas utilizadas o contabilizadas (columna B+E).

En síntesis, en el supuesto de que los datos consignados en las columnas C, D y E coincidan, deberá concluirse que el error en el cómputo de los votos es inexistente. Ahora bien, en caso de advertirse diferencias o inconsistencias entre estos apartados, será necesario ponderar la magnitud del error, para lo cual se acudirá a los indicadores complementarios que se desprenden de las columnas identificadas como (E-D), (E-C), (D-C), F, G y (F-G), contenidas en el cuadro antes referido, para inferir si el error es determinante o no, y a partir de estos elementos, podrá concluirse en cada caso, si la casilla impugnada se encuentra en la hipótesis de nulidad que aduce el actor.

A todo lo anterior, sirve de orientación el siguiente criterio jurisprudencial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que textualmente señala:

“ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN”. (Se transcribe).

Sentado lo anterior, a continuación se analizan las veinte casillas impugnadas por esta causal, agrupándolas por su semejanza, según se expuso, en seis apartados, identificados con los numerales I al VI, ello a fin de evitar repeticiones innecesarias.

I. En este apartado se analizan las dos casillas siguientes: 538 contigua uno y 712 contigua dos.

Del cuadro en estudio se observa que en las casillas mencionadas existe plena coincidencia entre el número de electores que votaron según la lista nominal de electores, el total de los votos extraídos de la urna y la votación emitida, cuyos valores aparecen en las columnas (C), (D) y (E), respectivamente, de ahí que no exista incongruencia alguna entre estos rubros que son los que primordialmente pueden evidenciar la existencia de un error en el escrutinio y cómputo de los votos.

Además, en las casillas 538 contigua uno y 712 contigua dos, no se observa diferencia alguna entre las boletas recibidas (A) y las contabilizadas (B+E).

Consecuentemente, dado que en estas casillas no existe discrepancia alguna entre los rubros principales, y por tanto error o dolo en el cómputo que sea determinante e irreparable en el resultado de la votación resultan infundados los agravios aducidos por el actor y en consecuencia, no ha lugar a declarar la nulidad de la votación recibida en ellas.

II. En este apartado se analizan las dos casillas siguientes: 556 contigua uno y 712 contigua uno.

Del cuadro en estudio se observa que en las casillas mencionadas existe plena coincidencia entre el número de electores que votaron según la lista nominal de electores, el total de los votos extraídos de la urna y la votación emitida, cuyos valores aparecen en las columnas (C), (D) y (E), respectivamente, de ahí que no exista incongruencia alguna entre estos rubros que son los que primordialmente pueden evidenciar la existencia de un error en el escrutinio y cómputo de los votos.

Por otra parte, si bien en estas casillas, se advierten diferencias entre las boletas recibidas (A) y las contabilizadas (B+E), tal circunstancia no es causa suficiente para estimar que se trata de un error determinante en el resultado de la votación, habida cuenta que recae en datos accesorios como son las boletas recibidas y las sobrantes e inutilizadas que no benefician ni causan perjuicio alguno a los partidos o coaliciones participantes, resultando evidente que los datos asentados en el rubro de boletas sobrantes e inutilizadas devienen incorrectos, al ser producto del error en que incurrieron los funcionarios de las mesas directivas correspondientes en su cómputo, sin que existan inconsistencias en los tres rubros principales.

Ahora bien, con relación a la diferencia entre las boletas recibidas y las sobrantes e inutilizadas correspondiente a la casilla 556 contigua uno, resulta inverosímil e ilógico el dato de este último concepto, pues no es congruente que existan más boletas sobrantes al final de la jornada electoral que la cantidad de boletas recibidas, lo que demuestra que existió un error en el cómputo de las mismas, pero sin que impacte en el resultado de la votación.

Finalmente, aun cuando en la casilla 712 contigua uno, se aprecia una inconsistencia significativa entre los rubros de boletas recibidas (A) y boletas contabilizadas (B+E), tampoco puede estimarse que se está en presencia de un error que amerite declarar la nulidad de la votación recibida, habida cuenta que la diferencia en comento recae en un dato accesorio, que no perjudicó o benefició a los contendientes, pues la diferencia señalada fue en boletas que no se convirtieron en sufragios a favor de alguno de ellos.

Por tanto, son infundados los agravios esgrimidos por lo que hace a estas casillas pues no acredita la afectación de error o dolo en el cómputo, irreparable y determinante en el resultado de la votación.

III. En este apartado se analizan cuatro casillas, a saber, 346 básica, 369 básica, 491 básica y 520 básica.

En éstas coinciden plenamente las cifras anotadas en las columnas de total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores (C) y de votación emitida (E), y si bien estos rubros presentan una diferencia con el total de votos extraídos de la urna (D), de (123, 146, 113 y 162 votos, respectivamente), tales diferencias no ameritan declarar la nulidad de la votación recibida, pues aun cuando cuantitativamente es superior a la diferencia entre el contendiente que ocupó el primer lugar y el que se ubicó en segundo sitio (7, 76, 53 y 49 votos, respectivamente), estas inconsistencias de ninguna manera trascendieron al resultado final de la votación, ya que la misma cantidad de sufragios emitidos por los electores fue la que se distribuyó entre los diversos contendientes más los nulos, siendo que dichos errores son de naturaleza distinta al procedimiento de escrutinio y cómputo a que se refiere la causal de nulidad que nos ocupa.

Lo anterior queda de manifiesto si se considera que existe plena correspondencia entre el número de votantes (C) y la votación emitida (E), así como entre las boletas recibidas (A) y las contabilizadas (B+E).

Por tanto, al existir coincidencia entre dos de los tres rubros principales (votantes y votación emitida), y advertirse que en el caso de las casillas 346 básica, 369 básica y 491 básica, la discrepancia con el tercero de ellos (votos extraídos de la urna), fue producto de la suma que efectuaron los funcionarios de la mesas directivas de casilla en análisis, respecto de las boletas sobrantes e inutilizadas (B) con la votación emitida (E), asentando incorrectamente el resultado de esta operación en el rubro de votos extraídos de la urna (D), queda de manifiesto que tal dato resulte falso, empero, también es evidente que tal error no trascendió al resultado de la votación. Algo semejante ocurre en el caso de la casilla 520 básica, pues el dato erróneo es producto de la suma de las boletas sobrantes e inutilizadas (B) con el número de ciudadanos que emitieron su sufragio conforme el listado nominal de electores (C). Por ello, es de concluirse que son infundados los agravios aducidos por el actor por lo que hace a estas casillas; pues no se acredita un error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos, determinante para el resultado de la votación, en consecuencia, no procede declarar la nulidad solicitada.

IV. En este apartado se examinan las tres casillas siguientes: 538 básica, 546 básica y 712 básica.

Por cuanto hace a las casillas 538 básica, 546 básica y 712 básica, coinciden plenamente o son significativamente cercanos los datos de votos extraídos de la urna y votación emitida, identificados con las columnas (D) y (E), respectivamente; y si bien estos rubros difieren del total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores (C), la inconsistencia es mínima y cuantitativamente no es determinante para el resultado de la votación.

Ello es así, ya que entre el contendiente que se ubicó en primer lugar y el segundo, existe una cantidad de votos superior a la diferencia detectada, de tal forma que aun asignándole al que ocupó el segundo sitio la cantidad que constituye la inconsistencia, tampoco habría alcanzado o superado al primer lugar.

Además, es importante hacer notar que en los rubros de votos extraídos de la urna (D) y votación emitida (E), se consigna un número ligeramente inferior al total de votantes, de ahí que si bien tal inconsistencia constituye un error, éste pudo derivar del hecho de que los electores hayan destruido las boletas que les fueron entregadas, o bien, de que no las hayan depositado en la urna, y en estos casos de duda respecto del destino de las boletas entregadas a los ciudadanos, siempre debe presumirse la buena fe de los integrantes de las mesas directivas de casilla.

Por tanto, la discrepancia no es determinante para el resultado de la votación, ello en razón de que las boletas entregadas a los electores y que no fueron depositadas en la urna, no beneficiaron o perjudicaron a los contendientes, pues no fueron contabilizadas como votos a favor de alguno de ellos.

Al respecto, sirve de apoyo la siguiente tesis de jurisprudencia aprobada por el Pleno de este Tribunal, publicada con la clave TEDF2EL 014/2001, que es del tenor siguiente:

“ERROR EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. SUPUESTO EN QUE NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD”. (Se transcribe).

Por otra parte, si bien en estas casillas, no coinciden plenamente los rubros de boletas recibidas (A) y boletas contabilizadas (B+E), pues se observa que entre estas columnas existen diferencias, tal circunstancia no es causa suficiente para estimar que se está en presencia de un error determinante para el resultado de la votación, habida cuenta que recae en datos accesorios como son las boletas recibidas y las sobrantes e inutilizadas que no se contabilizan a favor de partido o coalición alguna, amén de que las diferencias en comento son mínimas, sin que existan inconsistencias relevantes en los tres rubros principales.

Por tanto, dado que en las casillas que nos ocupan no se advierte la existencia de un error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos que sea irreparable y determinante para el resultado de la votación, se declaran infundados los agravios aducidos por el actor y, en consecuencia, no ha lugar a declarar la nulidad solicitada.

V. En este apartado se examina una casilla identificada como 521 contigua uno.

Partiendo de los datos que se consignan en el cuadro que se comenta, se advierte que esta casilla presenta una situación peculiar, pues en ella son muy semejantes los rubros de total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores (C) y la votación emitida (E); sin embargo, la cifra correspondiente al total de votos extraídos de la urna (D), señala un número que notoriamente difiere de las cifras antes mencionadas.

Ahora bien, de un análisis acucioso de la cifra que constituye la inconsistencia, es posible concluir que ésta resulta inverosímil, equívoca e irreal, lo cual no puede estimarse suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida, ello en razón de que la cantidad discordante asentada en el espacio de votos extraídos de la urna (D), deriva de que los integrantes de la mesa directiva de casilla sumaron el número de electores que se presentaron a sufragar (C) con las boletas sobrantes e inutilizadas (B) consignando el resultado de tal operación en el rubro de votos extraídos de la urna (D), lo cual a todas luces es erróneo. Por ello, es posible afirmar que la inconsistencia en análisis no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino de una equivocación involuntaria o descuido de los integrantes de las mesas de casilla que, por lo mismo, no puede afectar la validez de la votación recibida.

Así lo demuestra el hecho de que la cantidad de votos distribuidos entre los partidos políticos o coaliciones contendientes y los votos nulos (votación emitida) (E), guarda equivalencia con el total de ciudadanos que acudieron a las urnas (votantes) (C), aun cuando exista una diferencia de cuatro votos entre los electores que acudieron a sufragar y la votación emitida, pues tal situación puede encontrar explicación en que algunos de estos electores destruyeron las boletas que les fueron entregadas o no las depositaron en la urna; de ahí que aun cuando los integrantes de la mesa directiva de casilla consignaron una cifra notoriamente incongruente en el apartado de votos extraídos de la urna (D), ello no trascendió a los resultados obtenidos por cada instituto político en estas casillas.

En efecto, de un examen del acta relativa a la casilla en cuestión, como se señaló anteriormente, es posible inferir que la cifra discordante que se asentó en el espacio de votos extraídos de la urna (D), es el resultado de sumar las boletas sobrantes e inutilizadas (B) y el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores (C).

Por ello, en la columna (D), relativa al total de votos extraídos de la urna, se asienta una cifra superior al total de electores (C) y a la votación emitida (E), con las cuales, en condiciones normales, debe guardar equivalencia la primera.

Lo anterior encuentra explicación si se considera que en el acta de escrutinio y cómputo empleada en la pasada jornada electoral, estos tres datos (boletas sobrantes, votantes y votos extraídos de la urna), que se consignan en las columnas (B), (C) y (D), se encuentran colocados de tal forma que los ciudadanos integrantes de la mesa directiva de casilla pudieron suponer que debían sumar los dos primeros rubros (B) y (C).

Por tanto, de no considerarse las cifras erróneas que aparecen en el espacio de votos extraídos de la urna (D), los demás datos que obran en el acta respectiva adquieren congruencia, pues sustancialmente coinciden, y si bien se observan algunas inconsistencias, éstas son mínimas y no resultan determinantes para el resultado de la votación, dado que entre el contendiente que ocupó el primer lugar y el segundo, medió una diferencia mayor a aquéllas, de tal forma que aun sumando a la votación de este último, los votos que representan la diferencia, tampoco habría alcanzado o superado al primer lugar.

A lo anterior, sirve de sustento el criterio jurisprudencial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicado con la clave S3ELJ 08/97, cuyo rubro es “ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.”, mismo que ya fue trascrito con antelación.

Por estos motivos, al no advertirse error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos que sea determinante para el resultado de la votación e irreparable, resulta infundado el agravio aducido por el actor por lo que hace a esta casilla y, en consecuencia, no procede declarar la nulidad de la votación recibida en ella.

VI. En este apartado se examinan las siete casillas siguientes: 373 básica, 352 contigua uno, 354 contigua tres, 516 básica, 539 básica, 713 contigua uno y 721 básica.

Del cuadro analítico se aprecia que en las casillas 373 básica y 713 contigua uno, el rubro de votos extraídos de la urna (D) se encuentra en blanco, pero son muy semejantes los datos relativos al total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores (C) y la votación emitida (E), y si bien llegan a advertirse diferencias, éstas no son determinantes para el resultado de la votación; mientras que en el caso de las casillas 352 contigua uno, 354 contigua tres, 539 básica y 721 básica, el rubro de votos extraídos de la urna (D) coincide con el de la votación emitida (E), y si bien llegan a advertirse diferencias con los datos relativos al total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores (C), éstas no resultan determinantes para el resultado de la votación.

De esta forma, aun cuando las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 373 básica y 713 contigua uno, son omisas en señalar el número de votos que se extrajeron de la urna o existen diferencias entre este rubro y los ciudadanos sufragantes, estas deficiencias no trascienden al resultado de la votación y tampoco resultan determinantes, dado que entre el que ocupó el primer lugar y el segundo, medió una diferencia mayor a aquéllas, de tal forma que aun sumando a la votación de este último, los votos que representan la diferencia, tampoco habría alcanzado o superado al primer lugar.

Además, en las casillas 373 básica, 354 contigua tres, 539 básica, 713 contigua uno y 721 básica, los rubros de boletas recibidas (A) y boletas contabilizadas (B+E) son muy aproximados, lo que pone de manifiesto la validez de la votación recibida en estas casillas, dado que haciendo a un lado las omisiones en que incurrieron los funcionarios de las mesas directivas de casilla, la generalidad de los datos consignados en las actas de escrutinio y cómputo respectivas, adquieren congruencia, pues reportan únicamente inconsistencias mínimas.

Asimismo, aun cuando en la casilla 352 contigua uno, se consigna una diferencia significativa entre los rubros de boletas recibidas (A) y boletas contabilizadas (B+E), siendo un dato que no guarda ninguna congruencia con los demás, tal inconsistencia no resulta determinante para el resultado de la votación, pues amén de que recae en datos accesorios, como se aprecia en el cuadro atinente, entre el que ocupó el primer lugar y el segundo, medió una diferencia mayor a la diferencia en cuestión, de tal forma que aun sumando a la votación de este último, los votos que representan la diferencia, tampoco habría alcanzado o superado al primer lugar.

Finalmente, en la casilla identificada como 516 básica, aun cuando los rubros de votos extraídos de la urna (D) y votación emitida (E) son coincidentes, las inconsistencias mayores se presentan entre éstos con relación al número de votantes (C); pues mientras los dos primeros rubros consignan la cantidad de cuatrocientos cuarenta y cuatro votos, el total de electores que sufragaron (C) fue de trescientos treinta y un ciudadanos, lo que genera una inconsistencia de ciento trece votos que supera la diferencia existente entre el primer y segundo lugar, en esta casilla, que tan sólo es de sesenta y seis votos; empero de la revisión efectuada al listado nominal de electores utilizado el día de la jornada electoral en tal casilla, se desprende que los integrantes de la mesa directiva incurrieron en un error al computar los ciudadanos que acudieron a emitir su sufragio, pues mientras que, como ha quedado señalado, en el acta de escrutinio y cómputo éstos asentaron un total de trescientos treinta y un ciudadanos, en el listado correspondiente constan cuatrocientos treinta y tres ciudadanos con la leyenda “votó”, razón por la cual se procedió a realizar la rectificación del dato erróneo.

En virtud, de lo anterior es de considerarse que el error en que incurrieron los funcionarios de la mesa directiva de la casilla 516 básica, no resulta determinante para el resultado de la votación pues mientras que los rubros de votos extraídos de la urna (D) y votación emitida (E) son coincidentes, la diferencia que ahora se presenta entre los mismos con relación al rubro de votantes (C) es de once votos, cantidad que resulta menor a la diferencia existente entre el partido que obtuvo el primer lugar con respecto al segundo lugar en esta casilla que es de sesenta y seis votos, de tal forma que aun sumando a la votación de este último, los votos que representan la diferencia, tampoco habría alcanzado o superado al primer lugar.

Por tanto, al no acreditarse la existencia de error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos, irreparable y determinante para el resultado de la votación, se declaran infundados los agravios expresados por lo que hace a las casillas citadas.

Séptimo. En este apartado se analiza el agravio identificado con la letra E, en el que el partido político impetrante afirma que en las cuatro casillas 369 B; 491 B; 520 B y 521 C1, pertenecientes al XXVII Distrito Electoral local, se actualiza la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 218, inciso e), del Código Electoral del Distrito Federal, pues afirma que en las mismas se permitió sufragar a personas que no tenían derecho, lo cual fue determinante para el resultado de la votación.

Respecto al motivo de inconformidad en cuestión, la autoridad responsable, en su informe circunstanciado, manifiesta que los argumentos vertidos por la coalición actora en torno a las casillas citadas en el párrafo anterior, no constituyen agravios debidamente configurados, amén de que el impetrante no aporta elementos objetivos de prueba para acreditar sus pretensiones, por lo se reducen a manifestaciones genéricas, abstractas y sin ningún sustento jurídico, al no precisarse circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente ocurrieron.

Por su parte, el Partido Acción Nacional, en su carácter de tercero interesado en el expediente TEDF-JEL-189/2006, manifestó que el agravio planteado es infundado, pues el actor omite expresar circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos en que se sustenta el agravio, por lo que sus planteamientos no representan razonamientos lógico jurídicos tendientes a invalidar la votación recibida en tales casillas, el cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la constancia al ciudadano Ezequiel Retiz Gutiérrez, como candidato electo en el Distrito Electoral XXVII.

Previo al análisis pormenorizado de las casillas de mérito, conviene señalar el marco normativo en que se encuadra la causal de nulidad prevista en el inciso e), del numeral 218, del código de la materia, mismo que a la letra establece:

“Articulo 218. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten circunstancias que afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, o por violación directa a las características con que debe emitirse el sufragio, como son las siguientes:

…

e) Permitir sufragar a quien no tenga derecho, en los términos de este código y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

...”.

Como puede advertirse del precepto invocado, únicamente puede decretarse la nulidad de la votación recibida en casilla con base en la causal de mérito, cuando se colmen los siguientes extremos:

a) Que se demuestre que en la casilla se permitió votar a personas sin derecho a ello; y,

b) Que se acredite que tal circunstancia resultó determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla.

El primer extremo obliga a determinar dos aspectos esenciales, a saber, quiénes son las personas facultadas para permitir sufragar en una casilla; y principalmente, quiénes están en aptitud de ejercer el derecho al voto activo.

Con relación al primero de ellos, si bien la hipótesis de nulidad en comento no atribuye a un sujeto en específico la acción de “permitir sufragar”, es innegable que se refiere a los integrantes de la mesa directiva de casilla, que son los únicos sujetos facultados para recibir la votación y por tanto, para permitir a un ciudadano ejercer su derecho de voto activo, particularmente el presidente de dicho órgano.

En efecto, los artículos 93, párrafo primero, y 95, inciso c), del código de la materia, establecen que las mesas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos que constituyen la autoridad electoral, que tienen a su cargo de forma inmediata la recepción de la votación, y que están integradas con un presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes generales.

Lo anterior guarda congruencia con lo previsto en el numeral 191 del Código Electoral local, que establece las reglas a las que deberá sujetarse la votación, entre las cuales destacan las contenidas en las fracciones II y III, consistentes en que al momento de acudir a la casilla, los electores deberán de mostrar su credencial para votar con fotografía, hecho lo cual, el presidente permitirá emitir su voto a los ciudadanos que aparezcan en la lista nominal de electores, a cuyo efecto, el mismo funcionario le hará entrega de las boletas correspondientes para que libremente y en secreto ejerza su derecho.

Asimismo, de las fracciones mencionadas, también se aprecia que el presidente permitirá sufragar a los ciudadanos que cuenten con credencial para votar con fotografía y ésta presente errores de seccionamiento, siempre que aparezcan en la lista nominal de electores y comprueben su residencia con el medio que se estime más efectivo.

De lo anterior, se puede deducir que el presidente de casilla es el facultado para permitir el ejercicio del voto libre, secreto, universal y directo de los electores, pues en términos de lo establecido en el código de la materia, es el funcionario que cuenta con la atribución de autorizar a los electores que acudan a la casilla a ejercitar su derecho de voto activo, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la ley para tal efecto.

Por cuanto hace al segundo elemento, relativo a los sujetos que están en aptitud de ejercer el derecho al voto activo, es menester considerar que conforme al artículo 36, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los ciudadanos votar en la elecciones populares “en los términos que señale la ley”, lo cual se reitera en los numerales 20, fracción I, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 4, inciso a), del código de la materia.

Además, el último de los numerales invocados, en su párrafo tercero, señala que para el ejercicio del voto, los ciudadanos deberán satisfacer los siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en el registro federal de electores;

b) Contar con la credencial para votar con fotografía, cuyo domicilio corresponda al Distrito Federal;

c) Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

d) Aparecer en la lista nominal de electores, correspondiente a la sección electoral de su domicilio; y

e) Emitir el sufragio en la sección electoral que corresponda a su domicilio, salvo en los casos de excepción expresamente señalados en el propio código.

Por consiguiente, puede concluirse válidamente que tendrán derecho a ejercer su voto en una casilla, todos los ciudadanos que estando en pleno goce de sus derechos políticos, se hallen inscritos en el registro federal de electores, aparezcan en la lista nominal correspondiente a esa sección y cuenten con la credencial para votar con fotografía expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral.

Como puede advertirse, estas medidas tienen por objeto salvaguardar el principio de certeza que rige la función electoral, pues se pretende que los resultados de la votación recibida sean reflejo fiel de la voluntad de los ciudadanos.

Sin embargo, tal como lo advierte el párrafo último, del artículo 4, del código de la materia, existen algunos casos excepcionales, previstos expresamente en el mismo ordenamiento, en los que válidamente un ciudadano podrá emitir su voto sin cumplir con todos o alguno de esos requisitos.

El primer caso excepcional se encuentra previsto en el artículo 191, párrafo último, del código de la materia, el cual señala que los representantes de los partidos políticos ante la mesa de casilla, podrán emitir su voto donde estén acreditados, para lo cual, deberán mostrar su credencial para votar a efecto de que su nombre y clave de elector sean anotados por el secretario en la parte final de la lista nominal de electores correspondiente.

La segunda situación excepcional deriva de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, según el cual, en el caso de que un ciudadano, habiendo solicitado la protección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y obtenido sentencia favorable, no pueda ser incluido en la lista nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio, o no pueda expedírsele el documento necesario para poder sufragar, ya sea por razón de los plazos legales o por imposibilidad técnica o material, bastará que exhiba a los funcionarios de la mesa de casilla la copia certificada de los puntos resolutivos del fallo y una identificación, para que se le permita ejercer el derecho de voto el día de la jornada electoral en la casilla que corresponda a su domicilio o en una de carácter especial. Este es el único supuesto legal que permite sufragar a un ciudadano, sin mostrar su credencial para votar con fotografía.

Ahora bien, el segundo extremo de la causal de nulidad que nos ocupa, exige que el haber permitido sufragar a quien no tiene derecho resultó determinante para el resultado de la votación, lo cual implica acreditar fehacientemente que de no haberse suscitado tal irregularidad en la casilla el resultado pudo ser distinto.

El aspecto determinante, tal como se precisó en otras causales analizadas con antelación, se puede colmar desde una perspectiva eminentemente aritmética o cuantitativa, o bien cualitativa.

Desde el punto de vista cuantitativo, se hace necesario comparar el número de personas que sufragaron irregularmente con la cantidad de votos que separan al partido, coalición o candidato que ocupó el primer lugar de aquél que se ubicó en segundo sitio y si el número de personas es igual o mayor a esa diferencia, entonces la irregularidad habrá resultado determinante para el resultado de la votación, debiendo decretarse en consecuencia, la nulidad de ésta.

A su vez, la determinante puede actualizarse desde un punto de vista cualitativo, en el caso de que sin haberse demostrado el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular, se encuentre probado en autos que un número elevado de personas votaron sin tener derecho a ello o que esta irregularidad se suscitó durante la mayor parte de la jornada electoral, hipótesis en la que también procederá decretar la nulidad de la votación recibida, al ser evidente que las garantías con que debe emitirse el sufragio fueron transgredidas, al igual que los principios rectores de la función electoral.

Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de este Tribunal el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 218, INCISO e), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (ELECCIONES DE COMITÉS VECINALES). INTERPRETACIÓN DE LA”. (Se transcribe).

Hechas las anteriores precisiones, se procede a determinar si en las casillas que señala el impugnante se actualiza la causal de nulidad en estudio.

Para el adecuado análisis del agravio hecho valer, se examinarán las copias certificadas de las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo y de incidentes, correspondientes a las casillas que han quedado precisadas, todas correspondientes al XXVII Distrito Electoral, constancias que obran en el expediente a fojas seiscientos cinco a la seiscientos cuarenta, documentales públicas a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 263, fracción I, 265, fracciones I y II, y 272, párrafo segundo, del Código Electoral local.

Así, por cuanto hace a las tres casillas identificadas con las claves 369 B, 491 B y 520 B, debe mencionarse que no existen incidentes reportados, pues en las actas de la jornada electoral correspondientes, se especifica que no se presentaron irregularidades al momento de la instalación de las casillas, ni durante la recepción y cierre de la votación, constancias que fueron debidamente convalidadas, entre otros, por los respectivos representantes de la coalición actora acreditados en dichos centros de votación, quienes asentaron sus nombres y firmas en las documentales respectivas.

En tales condiciones, en concepto de este Tribunal no se encuentran acreditados los extremos de la causal invocada por la actora, pues amén de que del contenido de las actas de casilla, no se desprende que se hayan suscitado los hechos denunciados por la coalición actora, no existe en autos elemento de convicción que sirva para corroborar lo afirmado por la parte inconforme, en el sentido de que en las casillas de mérito se permitió el ejercicio del sufragio a personas que no tenían derecho a ello.

Por lo que se refiere a la casilla 521 C1, es de señalarse que si bien en el acta de incidentes se hicieron constar tres situaciones acaecidas durante el desarrollo de la votación, no se advierte que tales irregularidades estén relacionadas con la supuesta emisión de votos por parte de personas no facultadas para ello.

En efecto, en la documental en cuestión, se plasmó textualmente lo siguiente: “11:15 En las filas se sorprendió a una señora tomando fotografías al interior de las casillas, bajo el pretexto de ser recuerdo de la primer votación de su hija, bajo este incidente la presidente del 521 C1 local, no evitó lo ocurrido. 14:35 Se sorprendió a dos señoritas tomando fotografías bajo el pretexto de un trabajo escolar, la presidenta actuó por esta ocasión. 14:50 Se continuó sacando fotografías, pero las señoritas hicieron caso omiso”.

Como se desprende de lo trascrito, las irregularidades que se hicieron constar ninguna relación guardan con la supuesta emisión indebida de sufragios que refiere la coalición impetrante, destacando además que del análisis de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de la casilla de mérito, no se desprende algún dato del cual pudiera inferirse la existencia de incidentes de la naturaleza de los referidos por la coalición actora en su ocurso inicial, por lo que al no existir en autos elemento de convicción alguno que sirva para robustecer lo afirmado por ésta en el sentido de que en tal casilla se permitió el ejercicio de sufragio a personas que no tenían derecho, a juicio de este órgano jurisdiccional no se acredita la irregularidad aducida y, por ende, no se surten los extremos de la causal de nulidad prevista en el numeral 218, inciso e), del Código Electoral del Distrito Federal.

Por lo expuesto, al no acreditarse que se permitió sufragar a personas que no tenían derecho en términos del código de la materia, resulta infundado el agravio aducido por la coalición “Por el Bien de Todos”.

Octavo. En atención a lo razonado en el considerando cuarto del presente fallo, en este apartado se estudia el agravio identificado con la letra F, en el que la coalición inconforme afirma que en la casilla 549 C1 se actualiza la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 218, inciso g), del Código Electoral del Distrito Federal, aduciendo que en ellas se ejerció presión sobre los electores, y esto fue determinante para el resultado de la votación, en atención a que la casilla en cuestión fue instalada en la casa de las representantes del Partido Acción Nacional ante la propia casilla, quienes estuvieron coaccionando a los electores para votar a favor de ese partido.

Sobre el particular, la autoridad responsable medularmente manifiesta que no existen elementos que acrediten plenamente la irregularidad aducida por la coalición actora, por lo que no se actualiza causal de nulidad alguna, amén de que en materia electoral debe prevalecer el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Por su parte, el partido político tercero interesado, señala igualmente que en la especie no se actualiza causal de nulidad alguna, habida cuenta que las ciudadanas representantes del Partido Acción Nacional, no son funcionarias, dirigentes partidistas, ni siquiera miembros activos. Aunado a ello manifiesta que la coalición actora no expresa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se desarrollaron los hechos constitutivos de la presión que dice se ejerció sobre los electores.

Procede determinar si en el presente caso y respecto de la casilla mencionada en el párrafo anterior, se actualiza la causal de nulidad invocada. Para tal efecto, en primer término se estima conveniente precisar el marco normativo en que se encuadra la causal de mérito.

Los resultados de la votación recibida en las casillas que se instalen el día de la jornada electoral en todo el territorio del Distrito Federal, deben reflejar fielmente la expresión de voluntad de los ciudadanos, y como actos de autoridades electorales, estar revestidos de las características de certeza, objetividad, legalidad e imparcialidad.

En la legislación electoral puede advertirse la intención del legislador de proteger el sufragio universal, libre, secreto y directo, y la actuación imparcial y libre de presiones de las autoridades electorales, particularmente de las que integran las mesas directivas de casilla, para dar certeza sobre los resultados de la votación y evitar que se generen dudas en torno a los resultados en una casilla electoral.

Durante la jornada electoral, la actuación de los miembros de la mesa directiva de casilla, de los electores y de los representantes de los partidos políticos, debe darse en un marco de legalidad, en el que la integridad, objetividad e imparcialidad sean principios rectores para la mesa directiva de casilla, y los votos de los electores sean expresión de libertad, secreto, autenticidad y efectividad, para lograr la certeza de que los resultados de la votación son fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran viciados por actos de presión o de violencia.

Para dotar a los resultados obtenidos en las casillas de las características que como actos de autoridad deben tener y para evitar los actos de violencia o presión que pudieran viciarlos, el Código Electoral local regula con precisión: las características que deben revestir los votos de los electores; la prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos e integrantes de las mesas directivas de casilla; y la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Así, acorde con lo preceptuado por el artículo 4, del Código Electoral local, son características del voto ciudadano, el ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Por lo tanto, quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Asimismo, conforme a lo establecido en los artículos 96 y 195 del código de la materia, el presidente de la mesa directiva de casilla, cuenta incluso con el auxilio de la fuerza pública, para preservar el orden en la casilla, garantizar la libre y secreta emisión del sufragio y la seguridad de los electores, los representantes de los partidos políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla. Dicho funcionario puede suspender temporal o definitivamente la votación, o retirar a cualquier persona, en caso de alteración del orden o por la existencia de circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, los representantes de partido o los miembros de la mesa directiva.

De esta manera, el legislador electoral protege los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en la emisión de los sufragios de los electores, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida en una casilla expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no estén viciados con votos emitidos bajo presión o violencia.

Al respecto, conviene señalar en primer término, que el numeral 218, inciso g), del Código Electoral del Distrito Federal, a la letra dispone:

“Artículo 218. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten circunstancias que afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, o por violación directa a las características con que debe emitirse el sufragio, como son las siguientes:

…

g) Ejercer violencia física o presión sobre los funcionarios de la mesa de casilla, sobre los electores o los representantes de los partidos políticos, y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

…”.

Como se observa, la causal de nulidad que nos ocupa comprende los siguientes elementos:

a) Que se acredite la existencia de violencia física o presión;

b) Que ésta se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla, sobre los electores o sobre los representantes acreditados de los partidos políticos; y,

c) Que los hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Ahora bien, por violencia física debe entenderse el empleo de la fuerza corporal que se ejerce sobre una o varias personas para que realicen cierta conducta, en el caso, votar por determinado partido político, actuar en forma contraria a la ley, durante la recepción de la votación, etcétera; por su parte, la presión, en términos generales, se ha definido como el apremio o coacción que se ejerce sobre una persona, por ejemplo a través de amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o parte considerable de los bienes, con el fin de orillarla a realizar determinada conducta. En materia electoral, la presión se ha identificado con cualquier acto por el cual se pretenda influir o inducir a los electores, a los representantes de los partidos políticos, y a los funcionarios de mesa directiva de casilla, a asumir una determinada conducta, particularmente, a sufragar por un partido político, coalición o candidato determinado o a realizar actos tendientes a beneficiarlo.

En este contexto, resulta evidente que tanto la violencia física como la presión son inadmisibles, pues atentan contra una de las características con que debe emitirse el sufragio, a saber, la libertad, misma que se encuentra tutelada por disposición constitucional, estatutaria y legal.

Dada la naturaleza jurídica de esta causa de anulación, resulta indispensable que el accionante demuestre fehacientemente las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo los actos irregulares, porque sólo de esta manera puede establecerse con la certeza necesaria la comisión de los hechos generadores de esa causal de nulidad, y si los mismos fueron trascendentes o significativos.

Por ello, para tener por acreditada debidamente la causal de mérito, no basta demostrar que los hechos en que se sustenta la violencia o la presión se llevaron a cabo, sino que además es menester que los mismos tengan como consecuencia directa una afectación en el normal desarrollo de la jornada electoral, al grado de ser determinantes para el resultado de la votación.

En este contexto, el actor no sólo debe acreditar plenamente la existencia de los actos violentos o de presión, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los mismos ocurrieron, sino que además debe comprobar que dicha situación anómala fue determinante para el resultado de la votación.

Estimar lo contrario, esto es, aceptar que cualquier irregularidad menor, aun cuando se trate de evidentes contravenciones a lo que establece la normatividad de la materia, da lugar por sí misma a la anulación de la totalidad de la votación recibida en una casilla, resulta incompatible con los principios rectores de la función electoral, siendo necesario que tales irregularidades se adminiculen con otros elementos de convicción que acrediten la plena actualización de la causal de nulidad, en cuyos elementos destaca el aspecto determinante para el resultado de la votación.

Sobre el particular, este Tribunal ha considerado que un acto de violencia física o presión, será determinante cuando además se acredite que se ejerció sobre un cierto número de electores, o bien, durante la mayor parte de la jornada electoral, ya que en el primer caso, al conocerse el número de electores que votó bajo estas circunstancias, se podría deducir igual número de votos al partido que hubiera alcanzado la votación más alta y si a consecuencia de ello, el ubicado en segundo sitio pudiera llegar a ocupar el primer lugar en esa casilla, resultaría evidente que dicha irregularidad fue determinante para el resultado de la votación; y en el segundo caso, al comprobarse que durante la mayor parte de la jornada electoral se ejerció violencia física o presión sobre los electores para que votaran a favor de algún partido que al final obtuvo la votación más alta, existiría la presunción fundada de que tales actos se ejercieron sobre la mayoría de los electores, lo que llevaría a concluir que ello fue determinante para el resultado de la votación.

Luego, la votación recibida en casilla se declarará nula solamente cuando se actualicen a cabalidad los extremos que integran la causal en estudio; supuesto en el que, por lo general, también se afectan las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, así como las características con que debe emitirse el mismo.

Sustentan lo anterior, las tesis emitidas por el Pleno de este Tribunal, mismas que a continuación se transcriben:

“PRESIÓN (ELECCIONES DE COMITÉS VECINALES). CASOS EN QUE ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN”. (Se transcribe).

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. (ELECCIONES DE COMITÉS VECINALES). DEBEN EXPRESARSE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE NULIDAD DE”. (Se transcribe).

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad en cuestión, se tomará en consideración el contenido de las copias certificadas de las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, y de incidentes correspondientes a las casillas que nos ocupan, mismas que obran agregadas a los autos a fojas seiscientos dieciséis; seiscientos treinta y cuatro y seiscientos cuarenta y ocho; documentales públicas a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 263, fracción I, 265, fracciones I y II, y 272, párrafo segundo, del Código Electoral local.

Al respecto, no asiste la razón al partido actor cuando afirma que en la casilla de mérito se actualiza la causal de nulidad en estudio, habida cuenta que de los elementos probatorios que obran en autos, principalmente de las actas de casilla, no es posible inferir elemento de convicción que acredite fehacientemente los extremos de la causal de nulidad que nos ocupa.

En efecto, en el acta de incidentes respectiva se asentó textualmente lo siguiente: “18:00 Al momento del cierre de la votación, se recibió de parte del representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, una hoja de incidentes donde redactó una serie de situaciones que a su consideración se llevaron a cabo, se recibió el escrito de incidente; sin embargo, la mesa directiva de casilla no consideró que dichos hechos se llevaron a cabo”.

De la anterior trascripción se desprende que si bien se dejó constancia de un incidente, el mismo se limita a la mención de la presentación y recepción de un escrito elaborado por la representante perredista en la casilla de mérito, lo que dio motivo a su reporte en el acta correspondiente, sin que ello constituya irregularidad alguna. El escrito en cuestión, visible a fojas ciento tres del expediente TEDF-JEL-189/2006, y que en términos de los artículos 263, fracción II, 265, fracción II, y 272, párrafo tercero, del Código Electoral local, se trata de una documental privada, por lo que su valor probatorio depende de la relación que guarde con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes y la verdad conocida, es del tenor literal siguiente:

“México Distrito Federal, a dos de Julio de dos mil seis.

Escrito de incidente de casilla 549 contigua.

C. Verónica Lázaro Cortés, en mi carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática, ante dicha casilla respetuosamente vengo a interponer incidente, mismo que a continuación señalo:

Que en toda la jornada electoral las representantes del Partido Acción Nacional (mamá e hija) estuvieron con todos los votantes, invitándolos a votar por su partido, haciendo caso omiso de las reglas electorales.

Las mismas representantes alegaron que ellas podían invitar a todos los vecinos que asistieran a votar a la casilla porque estaban en su casa y por lo tanto no acatarían ninguna regla electoral.

Tal conducta la tuvieron desde que empezó la votación y hasta el cierre de la misma, lo que de alguna forma representó coacción hacia todos los votantes de la casilla.

Atentamente.

(firma ilegible)

Verónica Lázaro Cortés.

Representante del Partido de la Revolución Democrática.

casilla 549 contigua”.

Cabe apuntar, que del análisis exhaustivo de las constancias de autos, no se aprecia algún otro medio de convicción que permita corroborar lo afirmado por la coalición actora en su demanda y en el trasunto “escrito de incidente”, ni tampoco de las manifestaciones de las partes pueden desprenderse elementos que sean útiles para tal efecto, habida cuenta que el tercero interesado se limitó a negar la existencia de tales irregularidades al igual que la autoridad responsable.

Por tanto, debe concluirse que respecto de la irregularidad aducida por la inconforme, existe únicamente una mera presunción o indicio, que no se robustece con algún elemento adicional, de ahí que partiendo únicamente de la manifestación de la parte actora y de lo asentado en el escrito mencionado, no cuenta con elementos para tener por demostrada la irregularidad alegada.

Ello es así, ya que el escrito de incidente a que se refieren los artículos 97, inciso e); 170, inciso e), y 196 del Código Electoral del Distrito Federal, tiene por finalidad establecer la presunción de ser ciertas las violaciones que a juicio del partido que lo presenta, acontezcan durante la jornada electoral.

Por consiguiente, este escrito únicamente puede sentar un leve indicio sobre la existencia de las irregularidades que en él se expresan, de ahí que a la postre, puede ofrecerse como medio de prueba en el recurso que al efecto se interponga, lo cual no significa que este documento sea suficiente para acreditar las violaciones aludidas y que a través de su mera presentación el recurrente haya satisfecho la carga procesal impuesta por el artículo 261 del código de la materia, relativa a que quien afirma está obligado a probar, pues al provenir del propio impugnante, se traduce en una afirmación unilateral que debe corroborarse con otros medios de convicción, verbigracia, con el acta de incidentes que al efecto levante el secretario de la mesa de casilla.

Cabe puntualizar, que los escritos de incidentes que pueden presentar los representantes de los partidos políticos o coaliciones para establecer la existencia de presuntas irregularidades observadas durante el desarrollo de la jornada electoral, se homologan a los escritos de protesta, que en su caso exhiben los partidos o coaliciones interesados durante la jornada electoral, puesto que estos últimos, independientemente de que sirven de requisito de procedibilidad en algunas instancias, verbigracia la de carácter federal, su objeto también consiste en establecer a favor de quien lo presenta, la probable existencia de violaciones ocurridas durante la jornada electoral.

Robustece lo anterior, la tesis relevante sostenida por este Tribunal, que enseguida se transcribe:

“ESCRITO DE PROTESTA. CONSTITUYE UN INDICIO”. (Se transcribe).

No se soslaya apuntar, que aun en el caso de que la irregularidad que pretende acreditar la parte actora se hubiera actualizado, la ambigüedad y generalidad del planteamiento de la inconforme no permite desprender circunstancias de tiempo y modo en que la supuesta presión tuvo lugar, ni a cuántos ciudadanos se dirigió tal conducta, lo que permitiría a este Tribunal contar con elementos objetivos para estar en aptitud de determinar si la conducta que se imputa a las representantes del Partido Acción Nacional, efectivamente se tradujeron en actos de presión sobre el electorado, así como la magnitud y alcance de éste, pues no es factible desprender de manera objetiva que los supuestos actos de presión se hayan ejercido sobre un número preciso de electores o, en su caso, durante la mayor parte de la jornada, a fin de estar en posibilidad de establecer si ello fue o no determinante para el resultado de la votación.

En suma, aun cuando en el acta de incidentes se asentó la circunstancia relativa a la recepción de un escrito por parte del representante de la coalición “Por el Bien de Todos”, resulta evidente que tal situación, por sí misma, no es suficiente para que este Tribunal determine que dicho evento constituyó un acto de presión sobre el electorado y que el mismo se ejerció sobre un número determinado de electores, o bien, que tuvo lugar durante la mayor parte de la jornada electoral, ni que se haya afectado el ánimo de los electores al grado de que resultó determinante para el resultado de la votación obtenida en la casilla en estudio, lo que es indispensable para tener por acreditada la causal de nulidad en comento.

En tal virtud, y toda vez que el recurrente se abstuvo de ofrecer probanza para acreditar su afirmación, excepción hecha del escrito ya referido, en el sentido de que en la casilla impugnada se ejerció presión sobre el electorado y que la misma fue determinante para el resultado de la votación, no obstante que le corresponde la carga de la prueba, conforme lo dispone el artículo 261, del Código Electoral del Distrito Federal, en el sentido de que quien afirma está obligado a probar; se concluye, que en la especie no se actualiza la hipótesis contenida en la causal de nulidad prevista en el artículo 218, inciso g), del ordenamiento legal invocado.

En consecuencia, al no acreditarse que se ejerció presión sobre los electores, se declara infundado el agravio expresado por la coalición “Por el Bien de Todos”, respecto de la casilla en comento.

Noveno. En este apartado se analiza el agravio identificado con la letra G, en el que la coalición impetrante afirma que en dos casillas 723 B y 5515 B, se actualiza la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 218, inciso i), del Código Electoral del Distrito Federal, ya que en su concepto en las mismas se suscitaron irregularidades graves, no reparables durante la jornada electoral o en el cómputo distrital, que afectaron las garantías con que debe emitirse el sufragio.

Al respecto, es menester señalar que el artículo 218, inciso i), del código de la materia, textualmente dispone:

“Artículo 218. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten circunstancias que afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, o por violación directa a las características con que debe emitirse el sufragio, como son las siguientes:

...

i) Existir irregularidades graves, no reparables durante la jornada electoral o en el cómputo distrital, que en forma evidente hayan afectado las garantías al sufragio”.

En este contexto, para que se actualice la causal de nulidad mencionada, es indispensable que se acrediten los siguientes elementos:

1) Que exista una irregularidad grave;

2) Que ésta no sea reparable durante la jornada electoral o en el cómputo distrital; y,

3) Que la irregularidad haya afectado en forma evidente las garantías al sufragio.

Ahora bien, por irregularidad debe entenderse todo acto contrario a la ley, es decir, toda conducta activa o pasiva que contravenga los principios rectores de la función electoral contemplados en el artículo 3, párrafo segundo del código de la materia, a saber, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad; o que transgreda las características previstas en el artículo 4, párrafo segundo del ordenamiento invocado, para la emisión del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

La gravedad de la irregularidad debe considerarse en razón de sus consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación, ya sea atendiendo a un criterio puramente cuantitativo o aritmético, o bien, a uno de carácter cualitativo. En el primer caso, al conocerse el número de votos afectados por la irregularidad, se podría deducir igual número de sufragios al contendiente que hubiera alcanzado la votación más alta y si a consecuencia de ello, el que ocupa el segundo lugar pudiera alcanzarlo o superarlo, sería evidente que dicha irregularidad fue grave en tanto que fue determinante para el resultado de la votación.

Bajo el segundo criterio, la irregularidad puede estimarse grave, en aquellos casos en que se transgredan los principios rectores de la función electoral y se genere incertidumbre en el resultado de la votación, ya que aun advirtiendo que la cantidad de votos afectados por la irregularidad no altera el sentido de la votación en la casilla respectiva, o bien, dicha cantidad no puede ser conocida o inferida, es inconcuso que esta violación atenta contra los elementos esenciales o el fin mismo de la jornada electoral, consistente en recibir la votación y decidir quién o quiénes han de desempeñar los cargos de elección popular.

No reparables, son aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad en la jornada electoral o en el cómputo distrital y que hayan trascendido al resultado de la votación.

Finalmente, la causal en comento exige que tales irregularidades hayan afectado en forma evidente o notoria las garantías al sufragio, entendiendo por éstas, todos aquellos mecanismos que rigen el proceso electoral y que aseguran la emisión libre, secreta, directa, universal, personal e intransferible del voto, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 4, del Código Electoral local.

En este sentido, la irregularidad debe presentarse durante la jornada electoral, que en términos del inciso b), del artículo 137, del código de la materia, inicia a las ocho horas del primer domingo de julio del año de la elección, y concluye con la entrega de los paquetes electorales al Consejo Distrital respectivo.

Al respecto, sirve como criterio orientador la siguiente tesis de jurisprudencia aprobada por el pleno de este órgano colegiado el veintidós de marzo de dos mil uno, publicada con el clave TEDF2ELJ 012/2001, que es del tenor siguiente:

“IRREGULARIDADES GRAVES. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”. (Se transcribe).

En razón de lo expuesto, una vez colmados los extremos señalados, debe declararse la nulidad de la votación recibida en una casilla en términos de la causal analizada, al estar en presencia de una irregularidad grave, no reparable durante la jornada electoral o en el cómputo distrital, que en forma evidente haya afectado las garantías al sufragio plasmadas en el primer párrafo, del numeral 218 citado.

Esto es así, en razón de que cuando la votación recibida en una casilla está afectada por irregularidades que vulneran las garantías aludidas en el párrafo que antecede, creando incertidumbre respecto a la autenticidad y legitimidad de la jornada electoral, amerita ser sancionada con su nulidad, por no haberse desenvuelto conforme al marco jurídico que el código de la materia prevé.

En tal virtud, la declaración de nulidad debe considerarse como una medida extrema, aplicable sólo en aquellos casos en que además de estar fehacientemente acreditada la causal alegada por el recurrente, este Tribunal estime que el acto viciado no debe subsistir.

Ahora bien, procede entonces el análisis de las casillas cuya votación se impugna por haberse actualizado, a juicio del actor, la causal prevista en el inciso i), del numeral 218, del Código Electoral del Distrito Federal.

Por lo que hace a la casilla 723 B y 5515 B, aduce la coalición actora que las mismas fueron instaladas antes de las ocho de la mañana, situación que contraviene lo dispuesto en el numeral 187 del código de la materia, y constituye una irregularidad grave, no reparable durante la jornada electoral y que en forma evidente afectó las garantías del sufragio.

Al respecto, conviene precisar que en las actas de jornada electoral correspondientes a las casillas citadas, visibles a fojas seiscientos treinta y ocho y seiscientos treinta y nueve; del expediente TEDF-JEL-189/2006, se hizo constar que no se presentaron incidentes al momento de instalarse la casilla, ni durante la recepción y cierre de la votación, siendo el caso que en las actas de incidentes atinentes, que obran a fojas seiscientos treinta y ocho y seiscientos treinta y nueve; del expediente mencionado, tampoco se observa anotación alguna sobre la existencia de irregularidad, señalando también que dichas documentales públicas se encuentran debidamente firmadas por los representantes de la coalición impetrante.

De igual forma, del análisis de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, mismas que obran a fojas seiscientos veinte y seiscientos veintiuno; de autos, se confirma que aun durante esta última etapa tampoco se suscitaron incidentes, lo que también fue avalado con la firma de, entre otros, los representantes de la coalición actora acreditados ante las casillas en estudio.

Amén de lo anterior, del análisis exhaustivo de las constancias de autos, no se aprecia algún otro medio de convicción que permita corroborar lo afirmado por el actor en su demanda, ni tampoco de las manifestaciones de las partes pueden desprenderse elementos que sean útiles para tal efecto, habida cuenta que el tercero interesado se limitó a negar la existencia de tales irregularidades al igual que la autoridad responsable.

No se soslaya hacer mención, que en el apartado correspondiente a la hora de instalación de la casilla del acta de jornada, se observa que se asentó a las siete horas con cuarenta y cinco minutos en la casilla 723 B y las “siete y media” en la diversa 5515 B, como las horas en que se reunieron en el domicilio destinado para tales efectos, los integrantes de las mesas directivas de casilla a fin de proceder a la instalación de las mismas, circunstancia que en concepto de este Tribunal no constituye irregularidad alguna.

En efecto, no puede estimase que el hecho de haberse presentado los integrantes de la mesa de casilla, quince o treinta minutos antes de las ocho de la mañana a efecto de proceder al inicio de las labores inherentes a la instalación de la casilla, constituya una irregularidad, máxime cuando según se desprende del contenido de la misma acta, los representantes de los partidos y coalición acreditados en dichas casillas, ya se encontraban presentes, signando de conformidad las actas correspondientes, siendo evidente que estuvieron en aptitud de constatar el adecuado desarrollo de las actividades relativas a la instalación de las casillas y del desarrollo de la votación.

Además, resulta obvio que las tareas de instalación requieren de un tiempo razonable para llevarse a cabo, tan es así, que en los casos que nos ocupan, la recepción de la votación inició a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos, en la casilla 723 B, y a las ocho horas con treinta minutos en la diversa 5515 B, con lo que queda de manifiesto que la recepción de la votación dio inicio una vez que fueron debidamente instaladas las casillas, esto es, después de las ocho horas del dos de julio del año en curso.

Por tanto, debe concluirse que respecto de las irregularidades aducidas por el inconforme, no existe elemento de convicción alguno que permita acreditar sus afirmaciones, de ahí que este Tribunal, partiendo únicamente de la manifestación de la parte actora, no cuenta con elementos para concluir que las irregularidades alegadas efectivamente acontecieron.

En consecuencia, al no acreditarse que se suscitaron irregularidades graves, no reparables durante la jornada electoral o en el cómputo distrital, que afectaron las garantías con que debe emitirse el sufragio, se declara infundado el agravio expresado por la coalición “Por el Bien de Todos”, por lo que hace a las casillas en comento.

Décimo. En este apartado se analiza el agravio identificado con la letra H, en el que la coalición impetrante afirma que la autoridad responsable al realizar el cómputo distrital impugnado, incurrió en un error de carácter aritmético violentando el sentido del sufragio emitido por los ciudadanos.

En este sentido se estima oportuno señalar el contenido del artículo 318, fracción V, del código de la materia,

“Artículo 318. Las resoluciones del Tribunal que recaigan a los juicios electorales con relación a resultados totales y expedición de constancias respectivas podrán tener los siguientes efectos:

…

V. Hacer la corrección de los cómputos realizados por los Consejos General, Distritales o de los que funjan como cabecera de delegación cuando sean impugnados por error aritmético.

Del precepto en comento, se desprende que las resoluciones que emita este Tribunal con motivo de los juicios electorales relacionados con resultados totales realizados por los Consejos Distritales, es procedente la corrección de los cómputos cuando se advierta error aritmético en los mismos.

Ello es así, habida cuenta que el numeral 239 del código de la materia, determina que, para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales del Distrito Federal, en todo momento y durante los procesos electorales, los ciudadanos, los partidos políticos y las organizaciones o agrupaciones políticas, contarán con los medios de impugnación que se establecen en el citado código.

Máxime cuando tal rectificación no tiene otro objetivo, sino el de preservar los sufragios válidamente emitidos y que los resultados reflejen objetivamente el sentido de la votación depositada en las urnas, a fin de cumplir con los principios de legalidad, certeza y objetividad que rigen la función electoral.

Al respecto, resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia sostenida por este Tribunal, cuyo texto es el siguiente:

“RECURSO DE APELACIÓN. PROCEDE SU INTERPOSICIÓN PARA SOLICITAR LA RECTIFICACIÓN DEL CÓMPUTO TOTAL DE UNA ELECCIÓN POR ERROR ARITMÉTICO”. (Se transcribe).

En la especie, señala el representante de la coalición “Por el Bien de Todos” que respecto de la casilla 560 contigua dos, mientras en el cuaderno de resultados de cómputo de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa elaborado por el Consejo Distrital XXVII, se asienta que el Partido Acción Nacional, tiene cincuenta y cinco votos, en tanto que la coalición “Por el Bien de Todos” tiene doscientos treinta y ocho, en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, que no fue modificada por acta de cómputo distrital de casilla, indica que el Partido Acción Nacional, tiene en realidad un voto menos, esto es, cincuenta y cuatro, en tanto que la coalición “Por el Bien de Todos” tiene doscientos cuarenta votos, esto es, dos más de los que se le contabilizan.

Al respecto, se estima oportuno analizar el contendido de los documentos denominados “cuaderno de resultados de cómputo de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa elaborado por el Consejo Distrital XXVII” y “acta de escrutinio y cómputo de la casilla” relacionadas con la casilla número 560 contigua dos; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 262, inciso b), y 265, fracción I, y 272, párrafo segundo, del Código Electoral local, en virtud de haber sido expedida por un funcionario electoral dentro del ámbito de su competencia.

a) En el cuaderno de resultados de cómputo de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa elaborado por el Consejo Distrital XXVII, se apunta lo siguiente:

b) En acta de escrutinio y cómputo de la casilla número 560 contigua dos, se señalan los siguientes resultados:

De lo asentado tanto en el cuaderno de resultados de cómputo de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa elaborado por el Consejo Distrital XXVII, como en acta de escrutinio y cómputo de la casilla número 560 contigua dos, se advierte que los datos contenidos en ambos documentos son coincidentes en todos sus rubros, luego no se desprende el error aritmético aducido por la coalición “Por el Bien de Todos”.

En consecuencia, al no acreditarse que se incurrió en un error de carácter aritmético con el cual se haya violentado el sentido del sufragio emitido por los ciudadanos, se declara infundado el agravio expresado por la coalición “Por el Bien de Todos”.

Décimo primero. En razón de que el agravio identificado con la letra A, esgrimido por el Partido Acción Nacional, en el expediente TEDF-JEL-188/2006, ha resultado fundado conforme al considerando quinto, procede anular la votación recibida en la casilla 373 contigua uno.

A efecto de mostrar con claridad los votos que corresponde descontar al cómputo distrital, a continuación se presenta un cuadro esquemático que consigna, en primer término, la casilla cuya votación se anula; una columna para cada partido político, en la cual se asienta la votación que cada uno de ellos recibió; los votos nulos y finalmente, el total de votos que deben anularse.

Por consiguiente, de acuerdo con lo expuesto en el cuadro que antecede, para efectos de modificar el acta de cómputo total de la elección impugnada, deberán considerarse las siguientes cifras: Partido Acción Nacional, le serán descontados noventa y seis votos; coalición “Unidos por la Ciudad”, veintisiete; coalición “Por el Bien de Todos” doscientos tres; Partido Nueva Alianza, quince; y Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, veintiuno; asimismo, deberán restarse al apartado de votos nulos, nueve.

Por lo anterior, y tomando en consideración que dicho medio de defensa y su acumulado TEDF-JEL-189/2006, promovido por la coalición “Por el Bien de Todos”, son los únicos juicio electorales interpuestos en contra del cómputo total, declaración de validez y entrega de constancias correspondientes a la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa en el XXVII Distrito Electoral local, con fundamento en los artículos 302, fracción III y 318, fracción II, del Código Electoral del Distrito Federal, procede modificar el cómputo distrital de la elección de referencia, en los siguientes términos: